Alcalde denuncia discrimen político

El municipio de Cabo Rojo radicó una demanda contra el director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Jesús Velez Vargas, por incumplir su deber ministerial de ordenar el desembolso de fondos federales para un proyecto de mitigación de inundaciones que desde abril de 2018 autorizó.

El Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) asignó $2,056,156.80 para mitigar inundaciones en la comunidad Pole Ojea a traves de su Programa de Community Development Block Grant (CDBG). Dichos fondos serían retenidos por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) para asegurar el cumplimiento con la reglamentación federal aplicable, facultades que ahora ejerce ODSEC. Luego de gestiones iniciales y el desarrollo de varios diseños para el proyecto, a finales del año 2015 quedó pautado para ser realizado en cuatro fases.

Una vez el Municipio presentó la certificación de cumplimiento ambiental y solicitud de desembolso, Velez Vargas venía obligado a aprobar la misma según dispone el reglamento de HUD.

‘La obstrucción de Velez Vargas al proyecto de mitigación de desastres en Pole Ojea ocurre a pesar de que el Municipio de Cabo Rojo le acreditó el 24 de enero de 2018, que completó el único requisito para el desembolso de los fondos, entiendase haber cumplido con los requisitos de cumplimiento ambiental que impone la reglamentación federal pertinente, concretamente, 24 C.F.R. Parte 58’, denunció el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz.

El recurso de mandamus, sentencia declaratoria e interdicto contra Velez Vargas para decretar que el Municipio tiene derecho al desembolso de los fondos en cuestión.

‘Ya en otras ocasiones, Velez Vargas ha ejercido su autoridad de manera que favorece municipios administrados por el Partido Nuevo Progresista, particularmente en lo que respecta a la evaluación y adjudicación de solicitudes y la concesión de solicitudes para que se le presenten solicitudes de prórroga a HUD, todo eso en clara violación de los derechos a libertad de expresión/asociación consignados en nuestra Constitución y de las múltiples disposiciones estatutarias y administrativas que prohíben la consideración de criterios políticos para la toma de este tipo de decisión’, sostuvo el Alcalde en comunicado de prensa.

Si los fondos no son desembolsados en o antes del 30 de septiembre de 2018, cierre del año fiscal federal, se pudieran perder. Puede leer la demanda a continuación.