Las aseguradoras National Public Finance Guarantee, Assured Guaranty y los grupos de bonistas Ad Hoc General Obligations y Mutual Fund Group pidieron a la jueza de quiebras que obligue al gobierno y a la Junta de Control Fiscal (JCF) a entregar información sobre la deuda pública, incluyendo mediante deposiciones bajo juramento.
La solicitud fue hecha el viernes mediante dos mociones separadas bajo la regla 2004 del procedimiento de quiebras que permite que un acreedor indague a fondo en las finanzas del deudor antes de que se apruebe un plan final de ajuste de deudas.
La movida es distinta y separada a la que hicieron otro grupo de acreedores y el Comité de Acreedores No Asegurados que desembocó en que la semana pasada la magistrada federal Judith Dein ordenara conversaciones entre esos grupos y la JCF para encaminar una investigación sobre la deuda de Puerto Rico.
Las radicaciones del viernes son una reacción a la afirmación del gobernador Ricardo Rosselló, en el contexto de la lucha contra la JCF por la imposición de la reducción de jornada laboral, de que dicha medida no era necesaria porque el gobierno tenia reservas financieras por $1,500 millones.
Aunque hay negociaciones y mediaciones con bonistas para reestructurar la deuda, la situación de las aseguradoras de bonos es distinta porque, aunque el gobierno llegue a acuerdos para pagar a los bonistas menos del 100% de la deuda, las aseguradoras tendrían que desembolsarle el 100% de la deuda a los bonistas porque su negocio es ese, garantizar que el bonista va a cobrar el 100% de la deuda aunque salga de los bolsillos de la aseguradora.
Estas nuevas solicitudes se discutirían ante la jueza Laura Taylor Swain como parte de la vista de seguimiento en el caso de quiebras a celebrarse el 4 de octubre próximo.
‘Cuánto puede realmente pagar el gobierno de Puerto Rico? Su caso de Título III gira precisamente sobre esta pregunta. La meta del caso es un plan de ajuste, que debe, entre otras cosas, ser ‘justo y equitativo’ (a ser confirmado sobre la objeción de una clase de acreedores) y ‘en los mejores intereses de los acreedores’ (en todos los casos). Si el plan de ajuste va a cumplir con esos criterios depende, a su vez, de si hace todo lo razonablemente posible para maximizar la recuperación de los acreedores. Y eso es una pregunta fáctica fundamental que depende de la data, los modelos financieros y otros materiales analíticos que subyacen el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico’, indica la moción de Assured Guaranty, Ad Hoc General Obligations Bondholders y Mutual Fund Group.
Por su parte, National pide que el tribunal ordene deponer bajo juramento al presidente de la JCF, José B. Carrión III, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Gerardo Portela Franco y la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.
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