El administrador de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, dijo el jueves en las vistas de presupuesto de la Cámara de Representantes, que la cuantía recomendada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tiene un recorte de 10 millones de dólares.

Ante este escenario, la OAT no descartó cierres adicionales de Tribunales.

A pesar de que el presupuesto recomendado es de $340.9 millones, se parte de la premisa de que los fondos especiales -como lo es el pago de aranceles-, alcance $24.3 millones. No obstante, según el Administrador de los Tribunales, históricamente el recaudo llega a $14 millones de dólares.

Además, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que esta ante la consideración del Senado, para crear el Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal. Esa medida, propone que el pago para este servicio salga del 15 por ciento de los ingresos por concepto del pago de aranceles. Eso le añadiría una reducción de 2.1 millones de dólares al presupuesto de la Rama Judicial.

‘Por lo tanto, para lograr que la Rama Judicial cuente con el presupuesto total de 340.9 millones recomendado por el Poder Ejecutivo supone identificar una fuente que supla la diferencia entre el recaudo proyectado de los fondos especiales estatales y la partida recomendada por ese concepto por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Dicha cantidad totaliza 10 millones de dólares’, dijo Steidel Figueroa en su ponencia ante la Comisión cameral de Hacienda y PROMESA.

El juez Steidel Figueroa mencionó que le corresponde al Tribunal Supremo aumentar el costo de los aranceles y por el momento esa posibilidad no se contempla.

Durante la vista, el representante Soto Torres planteó que en el presupuesto recomendado, la Rama Judicial solicitó 10.4 millones de dólares para contratos de servicios profesionales y la OGP autorizó 438 mil dólares. En el presupuesto vigente, la Rama Judicial pagó 7.5 millones de dólares para servicios profesionales.

Al preguntarle al Juez administrador sobre la solicitud de aumento en la partida de servicios, contestó que se utilizarían para culminar con los proyectos de implantación de tecnología y acceso a la Justicia.

‘Lo que ocurre es que OGP ha provisto una distribución que no necesariamente responde a nuestra realidad. Recordemos que la Rama Judicial tiene autonomía presupuestaria. Si comparamos la proyección de gastos actuales con lo que recomienda OGP, pues habrá discrepancias, porque nosotros no participamos en el diseño del presupuesto recomendado por OGP’, sentenció Steidel Figueroa.