Para el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Cesar Miranda, la resolución del caso Morales Feliciano provee una oportunidad para financiar proyectos de mejoras dentro el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Pero para la administración entrante esos fondos no estarán disponibles el próximo año pues están confinados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según el secretario del DCR, Einar Ramos, se trata de un sobrante de multas de $24.5 millones que el tribunal concedió a la agencia para tres proyectos que se encaminarán en los próximos tres años a razón de $8 millones anuales. Ramos explicó que la intención es abrir tres cuentas para cada uno de estos proyectos dentro el Departamento de Hacienda.

Las iniciativas van dirigidas a expandir el sistema de registro biométrico a todas las cárceles, mejoras a los sistemas de seguridad y eléctricos y otros proyectos de obras permanentes en áreas de vivienda y el perímetro de seguridad de las instituciones.

Sin embargo, el licenciado Ramón Rosario, del Comité Entrante, alertó que esos fondos ya fueron comprometidos por la presente administración sin antes procurar por su liberación de la chequera del BGF. ‘Lo que pasa es que ese dinero se depositó en el BGF y lo que está haciendo el secretario de Corrección y el secretario de Justicia es obligando esos $24.5 millones que no existen para que la próxima administración, en un periodo de tres años, tenga que desembolsarlos sin tener una asignación particular’, advirtió Rosario.

A perspectiva del secretario de justicia, sin embargo, la orden del tribunal para desembolsar este sobrante representa una oportunidad, no solo para invertir en mejoras al DCR, sino también para eludir el pago de unos $50 millones en multas administrativas que ordenó el tribunal contra esa agencia.

‘Estamos liberando a Puerto Rico del pago de $50 millones por un lado. Estamos obteniendo $24 millones del tribunal, que viene a ser una regalía al pueblo de Puerto Rico. Entonces, lo que ocurre que corresponde a quienes vienen a administrar el país es vigilar cuan mucho pueden salvar de los fondos que están depositados en el BGF, que se puede’, insistió Miranda.

Aun asi el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, admitió que esa partida de $8 millones no está incluida dentro el actual presupuesto. Miranda aseguró que la OGP se comprometió con desembolsarlos mediante asignación.

Incumple Corrección con entrega de documentos relacionado a allanamiento federal

Al inicio de la vista el licenciado Rosario confrontó al secretario del DCR sobre una serie de documentos que su dependencia se negó a proveer, alegando que no se lo obliga la ley de transición. Algunos de estos documentos están relacionados al allanamiento federal efectuado contra las oficinas del anterior secretario del DCR, José Aponte Carro.

En su ponencia el secretario Ramos dijo que no tenía un registro de los artículos confiscados por las autoridades federales en el 2015 ni una copia de la citación que entregaron en ese momento. Agregó que una de las razones por la cual no tienen esos datos es porque el personal que estaba en la agencia al momento de ocurrir el allanamiento ya no laboran allí.

A eso se suman documentos relacionados a planes de clasificación, información de traslados en la agencia y reglamentos correspondientes a la ley 151 del 2014 que ordena la reorganización el DCR. ‘El secretario no sabe dónde están los reglamentos, lleva 5 meses buscándolos y eso no se ha provisto al comité de transición entrante, lo que es lamentable porque eso es lo que permite una transición ordenada’, sentenció Rosario.