Un informe de la Oficina de la Contralora arrojó un manejo ilegal de la ventana de retiro en la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) que resultó en que no se lograran ahorros con la salida de empleados y en que algunos de quienes se acogieron a la ventana no cumplieran con los requisitos.

La auditoría arroja luz sobre una práctica gubernamental común, pero poco fiscalizada, ejecutada en administraciones recientes para supuestamente reducir nómina y eliminar empleados públicos.

Pero, al menos en este caso auditado por la Contralora, no se cumplieron con los propósitos de la ventana y se realizaron actuaciones contrarias a la ley tanto en la Administración Fortuño, como en la de García Padilla.

La auditoría señala que la entonces directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras, ‘actuó contrario a la ley cuando instruyó al Director Ejecutivo de la AEP a referir directamente ante la consideración del Comité, la solicitud para la implantación del Programa de Retiro sin requerir la Certificación de No Contratación’. ‘El Comité también actuó contrario a la ley cuando aprobó el Programa de Retiro sin dicha Certificación. Este documento certifica, entre otras cosas, que no se requeriría la contratación de nuevos empleados por un periodo de cinco años. En la práctica, la implantación del Programa de Retiro en la AEP no produjo el ahorro proyectado ya que se aumentó el gasto de nómina por $52,403’, se añade.

La referencia es al comité que, bajo la ley 70 de 2010, administraría los programas de retiro incentivado para los empleados de carrera de distintas dependencias públicas. Esta Ley fue parte del andamiaje que montó la Administración Fortuño para reducir la nómina pública y que incluyó la notoria Ley 7. Pero, aparte de esta ley, la Contralora consigna que, desde 1994 a 2015, se aprobaron 23 leyes y tres resoluciones municipales mediante las cuales se crearon 26 programas de retiro temprano para diferentes entidades gubernamentales.

En el caso de AEP, quedaron vacantes 88 puestos, pero al 30 de junio de 2015, se habían vuelto a ocupar 82 mediante diferentes transacciones de personal, ‘distintas al traslado de empleados de la mismaCorporación, según requerido por ley’. De esta forma, no se cumplió con el mandato de esperar cinco años antes de llenarlos.

‘Por otro lado, como norma de sana administración y de política pública, la gerencia de la AEP debió establecer controles que evitaran ocupar los puestos que quedaron vacantes a consecuencia directa o indirecta de laimplementación del Programa de Retiro, mediante transacciones de personal no autorizadas por ley, y antes del período de cinco años. Esto, para lograr el ahorro proyectado en la implementación del Programa de Retiro… la implementación del Programa de Retiro en la AEP, en lugar de producir el ahorro proyectado, resultó en un aumento en el gasto de nómina por $52,403’, concluyó el examen.

Además, la auditoría consigna que, en siete de cada 10 casos, ‘los empleados se acogieron al Programa de Retiro sin tener pagados los años de servicio requeridos’.

Auditoría de Contralora sobre Retiro – NotiCel_21029