Pacientes que han hallado alivio a sus condiciones de salud a traves de programas medicinales de marihuana podrán echarle un vistazo al borrador del reglamento que regirá la producción, distribución y dispensación del cannabis medicinal antes de que sea final y firme, pero no podrán constituir un comite para participar en la redacción.

Ese es el acuerdo al que lograron llegar los miembros de la Alianza de Pacientes Pro-Cannabis Inc., quienes finalmente sostuvieron una reunión en Fortaleza con funcionarios del Gobierno para reclamar por un reglamento libre de monopolio y discrimen.

Cuando el gobernador Alejandro García Padilla pautó la reunión para el lunes a las 10 de la mañana, el presidente de la organización, Ismael Ortiz, y sus compañeros, iban con el sólido objetivo de solicitar la creación de un comité de redacción del borrador final, que incluyera la voz directa de pacientes con experiencia en un programa medicinal de marihuana.

Sin embargo, tanto el subsecretario de la Gobernación, Rolando Torres Carrión, como el asesor del Gobernador en Asuntos de Salud, Jesús Irizarry Mora, quienes participaron en la reunión en representación de García Padilla, descartaron establecer un comité por asuntos de logística.

‘Básicamente nos dijeron que sería una logística complicada, cuando el comité lo podemos coordinar inmediatamente porque hemos estado en contacto con la mayoría de los grupos. Además, los comités son bastante normales en estas gestas de Gobierno’, señaló el licenciado Juan Capella Noya, quien forma parte de la Alianza.

No obstante, Ismael Ortiz, quien atendió exitosamente su diagnóstico de cáncer con extracto concentrado de cannabis, recalcó que se les prometió mayor participación en todo el proceso y la posibilidad de avalar la versión final del Reglamento y someter enmiendas antes de su aprobación.

En una nota positiva para los pacientes, ya algunos de los reclamos contra el discrimen han sido escuchados, confirmó Ortiz. Se eliminarán restricciones sobre espacio, con el fin de que los pacientes no tengan que esconderse para medicarse, y con las nuevas enmiendas, tanto menores de edad como personas con antecedentes penales podrán recibir tratamiento.

En la reunión, también recalcaron su oposición a un posible monopolio de una empresa extranjeraen la industria de la marihuana medicinal. Los funcionarios del Gobierno ‘se percataron que tenían ese monopolio cuando leyeron el borrador’, afirmaron estos en la reunión.

Sin embargo, en las vistas públicas, de entrada, ‘todo el mundo denunció el monopolio’, subrayó Ortiz. Los funcionarios se disponen a enmendar el tema, en el cual la Alianza ha tomado particular interés debido al impacto positivo que pudiera tener el libre mercado tanto en el crecimiento económico del país como en la diversidad de la oferta.

En otra nota alentadora, la secretaria de Salud, Ana Ríus, quien asistió a la reunión junto a su asesora legal Mayra Maldonado, viajará próximamente a Colorado, modelo recetado en las vistas públicas, para reunirse con miembros del gobierno estatal y evaluar el proceso que ha desarrollado ese estado.

Esto es un punto a favor para los pacientes, que habían criticado la fijación del Gobierno en el modelo de Nueva York, que levantó sospechas de corrupción al entregarle licencia a solo cinco empresas de 38 que cualificaban para operar.

No obstante, preocupa que, la visita a Colorado y el intercambio con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), agencia federal que recomendó la visita a este popular estado en la producción y venta de marihuana, traigan consigo ‘montones más de reglamentaciones onerosas e innecesarias que solo responderían a los intereses económicos’, alertó el licenciado Capella Noya.