La hija y el abogado de defensa del exsenador Jorge de Castro Font, hicieron serias denuncias en contra del expresidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado, Hector Martínez Maldonado, a quien le adjudicaron haber intervenido en la decisión que emitió recientemente la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

Andrea de Castro Fontno titubeó en señalar que Martínez Maldonado actúo en represalia contra su padre por haber testificado en su contra,lo que dio pie al caso a federal en por el cual resultó convicto.

Cuestionada por NotiCel, de Castro Font, sostuvo que ‘si fuera Juan del Pueblo, la Junta de Libertad Bajo Palabra lo hubiera sacado normal. A él no lo están sacando normalmente porque él es Jorge de Castro Font, y es un político. Además, de que existen muchísimas horas de él testificando en contra de muchos políticos. Uno de estos políticos, que fue llevado ante la ley, fue Héctor Martínez. Esta persona sabe que todavía puede ser visto ante un Gran Jurado. Y da la casualidad de que una de las personas que trabajó para él, trabaja para la Junta de Libertad Bajo Palabra. Además que les voy a decir una cosa, busquen en la Comisión de lo Jurídico, quién confirmó a la juez de la Junta (Mercedes Peguero Moronta). Busquen en la Comisión de lo Jurídico, quién nombró a los miembros de la Junta. Quiénes son las personas que están envueltas aquí en todo este caso. Aquí todo hay evidencia… Todo esto es planificado en contra de de Castro Font, porque la gente quiere que Jorge de Castro Font se calle, porque hay temor’.

A su vez el licenciado Luis Abreu Elías, defensa de de Castro Font, manifestó a la prensa que luego de que la oficial examinadora recomendó que ‘saliera. No solamente eso, prepararon una orden de excarcelación, de la Junta. Y después alguien llamó a los miembros de la Junta, amigos, y le cambiaron esa orden de salida’. Según el letrado estos eran amigos del también exvicepresidente de la JLBP.

‘Allí los que dirigen esa Oficina los nombró Fortuño y Alejandro García Padilla los dejó. Allí manda Fortuño. Y manda Martínez con sus amigos y su secretaria que trabajan allí’, sentenció Abreu Elías.

De otro lado, de Castro Font, afirmó a este diario que Martínez Maldonado estaba ‘abusando de su poder’ y se estaba ‘lucrando económicamente’ de los confinados, para supuestamente hacerle gestiones ante la JLBP. Aunque dijo tener los nombres de los casos, sostuvo que en estos momentos no hablaría sobre eso.

En otros aspectos, cuestionó por qué se juega con la salud mental de los confinados si la Ley de la JLBP prohíbe que se atiendan casos de una persona que esté en custodia mediana, como lo está su padre.

El pasado julio el expresidente de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado sometió una petición a la JLBP para completar su sentencia estatal bajo la disposición de libertad condicionada. Sin embargo, la Junta denegó la petición. Abreu Elías condenó que tanto los abogados como de Castro Font se enteraran de la determinación después que fue filtrado a Telenoticias.

Por su parte, Peguero Moronta, rechazó todas las imputaciones relacionados con Martínez Maldonado.

En entrevista con este diario, Peguero Moronta, aseguró que la determinación tomada en torno a la petición del convicto exsenadorfue basada en el expediente del caso y lo que proveyó el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Aunque admitió que una exempleada de Martínez Maldonado fue miembro asociada de la JLBP y todavía trabaja allí, Peguero Moronta, afirmó que trabaja en un lugar separado de la oficina de presidencia.

‘Es una situación lamentable que se ponga en duda la capacidad y responsabilidad de las personas que trabajan aquí’, puntualizó Peguero Moronta, cuyo nombramiento vence en el 2019. Esta fue nominada por el exgobernador Luis Fortuño, y su nombramiento fue evaluado por el expresidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado, Roger Iglesias Suárez.

Abordada sobre las supuestas gestiones que está llevando a cabo Martínez Maldonado en nombre de confinados, Peguero Moronta, indicó que no ha tenido ningún contacto con el exlegislador ni ‘recuerdo que él haya tenido algún caso aquí’.

Actualmente los miembros asociados de la JLBP son: Carla M. Rodríguez, Ana M. Silva Torres y Silkia Figueroa Sierra. Las tres fueron nombradas por Fortuño y sus nombramientos vencen en el 2018. Los nombramientos fueron evaluados por la Comisión que presidió Iglesias Suárez.