La presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), Pilarín Ferrer, expresó el miercoles su preocupación por el reciente del gobernador Alejandro García Padilla de la intención de implantar el cobro de un impuesto al valor añadido (IVA) de 16 por ciento y su posible impacto a los materiales relacionados con la industria de la construcción y a los servicios prestados por los profesiones del diseño relacionados a esta tendría.

‘El CAAPPR reconoce los esfuerzos gubernamentales para tratar de atender la comprometida situación fiscal del país. No obstante, estamos convencidos que promoviendo la industria de la construcción proporcionalmente contribuímos al desarrollo económico de Puerto Rico; siendo dicha actividad uno de los indicadores de crecimiento más cuantificables. Las medidas propuestas ya crean un clima de incertidumbre que en lugar de fomentar este objetivo de desarrollo, promover la creación de empleos y el fortalecimiento fiscal, inquietan porque podrían encarecen todas las actividades relacionadas a la industria de la construcción, que lleva años impactada y con mucha dificultad tratando de resurgir’, aseguró la presidente del CAAPPR en un comunicado de prensa.

‘Típicamente, los arquitectos y arquitectos paisajistas subcontratamos un sinnúmero de servicios profesionales relacionados al proceso de diseño y gerencia de proyectos a diferentes escalas. En la gran mayoría de los casos, nuestros proyectos se trabajan en equipo. Imponer el cobro de un IVA a cada uno los servicios profesionales que intervienen en esta cadena productiva, implica un aumento para el cliente, ya que además de cobrarle el IVA, habría que reconocer mayores gastos operacionales. El proceso de desarrollo, planificación, diseño y construcción se encarecería; lejos de ser impulsado, una vez más se detendría. La industria de la construcción en un momento dado, creaba alrededor de 100,000 empleos anuales, directos e indirectos, ahora representa una fracción de lo que una vez fue’, agregó.

Según indicó, en los últimos años se ha podido constatar, a través de la merma en venta de estampillas requeridas en las solicitudes de permisos de construcción, que ha habido un decrecimiento en los desarrollos de construcción. ‘Nuestros colegio ha perdido cerca de 300 colegiados y de los que quedan, un número significativo ha tenido que cerrar sus oficinas por falta de proyectos. Empleados a tiempo completo están siendo contratados a tiempo parcial o por servicios profesionales, y algunos, lamentablemente, están trabajando en otras disciplinas no relacionadas a la profesión’, sostuvo.

Ferrer sostuvo que para fomentar la construcción, para a su vez impulsar la economía, repoblar y renovar los cascos urbanos y crear un mejor espacio público, no se puede seguir encareciendo el proceso y hacerlo menos accesible.

‘Hay que reconocer que hay un sinnúmero de factores fuera de nuestro control que a su vez pueden hacer nuestra práctica más onerosa. Entre ellos, están los pagos de arbitrios municipales y estatales; salario mínimo; costo de la materia prima de construcción (acero, cemento, cobre); costo de energía; combustible y seguros, entre otros. Los desarrolladores, con más recursos, pasarán el pago del impuesto al consumidor cuando este adquiera sus viviendas o alquile sus centros comerciales. Sin embargo, el cliente privado y con ingresos promedio o limitado, a la hora de recurrir a un profesional de la construcción lo pensará dos veces’, apuntó Ferrer.

‘Mientras más difícil sea el acceso al profesional, proliferarán las construcciones informales, esas que no responden a códigos, ni reglamentos, que no respetan zonificación y de apariencia desacertada, que obvian el proceso de permisos, e impactan negativamente nuestro entorno construido y el paisaje natural’, dijo la Arq. Ferrer, quien agregó, que ‘por otro lado, tendremos más profesionales sin trabajo y menos construcción formal, la que es producto de profesionales del diseño y que aplica códigos y reglamentos que va por los canales, la que se piensa en armonía y respeto por el ambiente natural y que salvaguarda la salud, seguridad, salud, y seguridad bienestar del usuario, lo que al final del día es lo verdaderamente importante.’

La arquitecta Ferrer concluyó que ‘la imposición de un impuesto por servicios prestados además de un alza en el costo a los materiales, podría tener un impacto negativo en nuestra práctica profesional, en la industria de la construcción y por lo tanto en desarrollo sostenible del país’.