El secretario de la gobernación, Víctor Suárez, dijo el miercoles que no cancelarán el contrato del alquiler del edificio que alberga el Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Carolina, a la vez que el gobernador Alejandro García Padilla, defendió el mismo.

‘Eso no está planteado en este momento. El contrato representa medio millón de dólares en ahorro para el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La política pública de esta administración es que se siga con los procedimientos legales y de austeridad que tiene esta administración y si se cumplió con eso, pues no ha razón para hacerlo’, dijo Suárez en Radio Isla.

De igual modo, el gobernador Alejandro García Padilla, defendió el contrato para las nuevas facilidades del CESCO de Carolina.

‘Si es un contrato que paga menos y por lo tanto le está haciendo un beneficio al país en un momento donde nos dejaron el país en quiebra y teníamos que buscar ahorro sin botar gente el gobierno pasado busco local más cargo docente nosotros buscamos un local más barato sin botar gente creo que la matemática es así de exacta’, dijo el Gobernador.

Según trascendió en medios de prensa, el edificio que alberga el CESCO de Carolina, es propiedad de Agustín Crespo, hijo del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Johnny Crespo.

‘Se otorgó el contrato porque representa ahorros económicos para el Departamento de Transportación y Obras Públicas y porque representa mejores facilidades’, reiteró el funcionario cuando se le preguntó si el contrato había sido otorgado a Crespo por ser hijo del conocido importante recaudador.

Mientras, la senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Margarita Nolasco Santiago, anunció que radicará el miércoles una Resolución del Senado para interpelar al secretario del DTOP. Según la legisladora, del funcionario ‘todos los días surgen quejas por su pobre desempeño como jefe de esa agencia, y que ahora se complican por el aparente conflicto ético, al participar de una fiesta del dueño del edificio que éste arrendó para ubicar las oficinas del CESCO de Carolina, aparentemente, a sobreprecio’.

Explicó que según el título de la Resolución, el Senado reunido en Comisión Total, realizará una sesión de interpelación al secretario del DTOP en torno a las acciones administrativas sobre el programa de Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito (fotomultas), el programa de AutoExpreso, y demás asuntos de interés público y quejas que han sido denunciados a través de los medios.

‘Definitivamente, ya son demasiadas las interrogantes y las quejas sobre las acciones e inacciones del Ing. Miguel Torres como Secretario del DTOP, y el Senado de Puerto Rico no puede limitarse a exponer sus molestias e insatisfacciones con un funcionario que, hasta el momento, su único defensor parece el Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Llegó el momento de que este Senado ejerza sus prerrogativas constitucionales e interpele al Ing. Miguel Torres en una Comisión Total, donde, bajo juramento, el funcionario tenga que contestar el mar de preguntas que todos tenemos para él, a nombre del pueblo de Puerto Rico’, sostuvo Nolasco Santiago en un comunicado.

‘Luego de estos y otros cuestionamientos, son muchas las voces que se han unido a nuestro reclamo de que el ingeniero Torres renuncie a su cargo, incluyendo a legisladores del Partido Popular. Y mientras eso sucede, sigue trascendiendo información en los medios de comunicación que no solo validan nuestros cuestionamientos, sino que añaden un potencial conflicto ético, producto de su participación en una fiesta donde el anfitrión era Crespo, donante del Partido Popular y propietario del edificio donde recientemente él decidió ubicar las nuevas oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Carolina. Por esto y mucho más, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de traer al secretario para que rinda cuentas,’ añadió la senadora novoprogresista.

Nolasco Santiago sostuvo que esta es una gran oportunidad para los legisladores populares en el Senado, para ir más allá de peticiones de renuncia contra un funcionario que, ‘a todas luces, está siendo protegido por el gobernador, Alejandro García Padilla’.

‘Por eso confío en que esta Resolución de interpelación será aprobada con carácter de urgencia, dando así la oportunidad de que se aclaren todas las dudas y se pueda indagar profundamente sobre las iniciativas del Ing. Miguel Torres, que no solo le han hecho daño al pueblo de Puerto Rico a través de sistemas que no funcionan, sino que están costando millones de dólares del erario’, concluyó.