El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico solicitó este jueves en una vista en el Tribunal de San Juan la desestimación de unas órdenes de desahucios contra vecinos del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, impuestas por la Administración de Vivienda Pública (AVP).

Esas acciones, según el licenciado Alvin Couto de Jesús, están basadas en un alegado incumplimiento de contrato de los residentes al adeudar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según el canon de arrendamiento de los complejos de vivienda pública, una orden de desahucio se expedirá solo cuando el titular del apartamento no pague la mensualidad establecida por la AVP.

‘Las administradoras de los residenciales públicos se están convirtiendo en las cobradoras de los servicios de la AAA y AEE. Cuando se sigue agravando y subiendo la deuda del agua y la luz muchos de los residentes no pueden pagar’, indicó Couto.

Explicó, también, que la Ley de Justicia Tarifaria permite a los residentes pagar una cantidad e ir abonando a la deuda, pero la AVP ha establecido planes de pago onerosos, lo que impide el saldo.

‘La política pública tiene como fin proteger el derecho a la vivienda. A los residentes los asiste un proceso administrativo luego de recibir una carta de intención de cancelación de contrato. Sin embargo, los administradores ni envían las cartas de intención de cancelación , ni siguen el procedimiento administrativo que implica’, agregó.

Ese proceso incluye dos vistas ante la empresa administradora, una ante el administrador y otra ante el gerente de ocupación de la compañía que administra el complejo. Al culminar, se ofrece una audiencia con la AVP quien tiene la determinación final.

‘Un residente se expone a ser desahuciado sin que un representante de la corporación pública registre la desconexión o presente prueba de incumplimiento de servicio y/o planes de pago. Sin la presentación de esa evidencia, que sería la base mínima para establecer un incumplimiento de contrato, se lanzan miles de familias a la calle. Es un procedimiento atropellado que burla el derecho a la vivienda y una vida digna’, puntualizó el letrado.

En tanto, Mark Anthony Bimbela, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, sostuvo que los licenciados que representan a las ocho familias de Lloréns Torres presentaron un documento para consolidar todos los casos.

En ese sentido, la jueza Eva Arraya señaló para el 11 de diciembre a las 2:00 p.m. la continuación del proceso.

Los ocho residentes del complejo, la mayoría mujeres, estuvieron calladas y observando el proceso que se celebró en la sala 902 del Centro Judicial de San Juan.

Couto de Jesús anticipó que el Colegio, junto a la Clínica Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, evalúan la posibilidad de entablar un pleito de clase, pues son cientos las familias que pasan por la situación.

‘Sabemos que se están llevando cientos de casos como este y el Colegio de Abogados y Abogadas estamos auscultando la posibilidad de presentar un pleito de clase para detener estas acciones a nivel central de manera que los jueces se vean impedidos de ver estos casos’, dijo sobre el particular.