La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, refirió a la Oficina de la Administración de Tribunales a la jueza Ada López Santiago por señalamiento de violación de derechos civiles y libertad de prensa por parte de un periodista en hechos que datan del 2001.

El referido se hizo el 17 de septiembre luego que el periodista comunitario Alexis Morales Cales pidiera información sobre una investigación solicitada por la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en el 2002 en torno a las actuaciones de varios jueces, incluyendo López Santiago, que estuvieron envueltos en querellas en su contra. El propio Tribunal Supremo en aquel momento refirió a la OAT el caso para investigación luego de que la CDC emitiera un informe que concluyó que los derechos de Morales Cales fueron violentados.

‘Como dije, nunca se supo que la ordenada investigación se hubiera realizado. La jueza Ada López Santiago incluso fue ascendida a jueza superior sin que tan siquiera se citara a los que podíamos dar información sobre su conducta’, explicó Morales Cales. En el informe de la CDC sobre Morales Cales no hay un anejo que indique los resultados de la investigación.

López Santiago fue la misma juez que en el 2006 no encontró causa contra el exgobernador Pedro Rosselló por haberse gestionado una pensión mayor a la que se merecía en lo que se conoció como el caso de la Pensión Cadillac.

Morales explicó que como periodista comunitario denunció por medio de la radio incidentes de trata humana en la zona de la montaña, que incluyeron el contrabando de indocumentados, compraventa de mujeres, pornografía, y prostitución infantil.También señaló posibles actos de encubrimiento por parte de policías en el Cuartel de Castañer y de personal del Departamento de Educación en esos actos criminales.

Como resultado, fue objeto de ocho denuncias criminales que incluyeron tres acusaciones de difamación, fraude y engaño, y dos casos de violación a la Ley 30 que prohíbe la permanencia de personas extrañas en escuelas. Las acusaciones fueron instigadas por personas que había criticado.’Todos los casos se cayeron’, sostuvo.

Según Morales Cales, en mayo del 2001, fue arrestado por presuntamente haber amenazado a un policía, acusación que alegó fue falsa.

El informe de la CDC, en específico, cuestionó los motivos por los cuales la Jueza López Santiago le impuso una fianza de $20,000 a Morales Cales sin derecho al diez por ciento en unos cargos sometidos por un policía identificado como Rafael Marengo.

Según Morales Cales, el policía alegó que ocho días antes lo había mirado mal y le apuntó con el dedo, lo cual el fiscal Jorge Llavona determinó constituía una amenaza a la vida del policía.

Al no poder pagar la fianza de $20,000, Morales Cales pasó 6 días en la cárcel de Sabana Hoyos porque la Jueza tardó ese tiempo en enviar a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio el informe del caso.

El informe de la CDC destacó que en el trámite de las querellas contra Morales Cales se violaron derechos fundamentales del querellante, en particular, sus derechos a la presunción de inocencia, a la protección contra ataques abusivos a su honra, a prestar fianza, y al debido proceso de ley. ‘Como resultado sufrió vejámenes, humillación, maltrato y privación de libertad inmerecida e injustificada. Todo ello como represalia por suejercicio de la libertad de expresión y en aparente intento de suprimir expresiones futuras’, detalló el documento.

En aquel entonces, la CDC solicitó que se investigaran las actuaciones del Departamento de Educación y de la Policía.

En la misiva de parte de Fiol Matta, firmada por su ayudante Lyana Blanco, se le notifica a Morales Cales que sus señalamientos fueron referidos a la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).

NotiCel intentó obtener una reacción de López Santiago a su oficina en Fajardo pero se informó que estaba en reuniones. Morales Cales dijo que no espera ninguna acción por parte de la OAT porque está consciente de que ha pasado ya mucho tiempo, pero que sí desea saber el resultado de la investigación.

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