La Alianza de Autismo y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico junto a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI), acompañados por padres y niños de educación especial, desmintieron el jueves al secretario del Departamento de Educación (DE), Rafael Román, quien afirmó la semana pasada que ya había resuelto el problema de los nombramientos de los asistentes de Servicios Especiales al Estudiante (T-1).

En ese sentido, la coordinadora del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Deficiencias en el Desarrollo (PADD), Madelisa Monroig, confirmó que a la fecha se habían recibido 120 querellas de padres denunciando la falta de T-1 para sus hijos, 31 querellas por servicio de transportación, 15 querellas porque no se han nombrado los maestros, 16 querellas por falta de ubicación escolar, y 76 querellas porque no se les ha provisto los servicios relacionados.

Datos provistos por OPPI resaltan que las regiones de Arecibo y Aguada han presentado más querellas por la falta de T-1, y los mayores problemas de transportación los tiene la región de San Juan.

Estos casos son aparte de las más de 40 hojas de quejas de padres reclamando que se les asignen los T-1 a sus hijos recibidas por la Alianza, y datan de más allá del inicio de este curso escolar. Estos T-1 ya habían sido aprobados en el Plan Educativo Individualizado (PEI).

De acuerdo,la presidenta de la Alianza,JoyceDávila,unos 6 casos de T-1 fueron resueltos por intervenciones de La Fortaleza.

Pero todavía persiste la falta de dicho personal en planteles como la escuela elemental Urbana Nueva de Lajas, donde una de las madres, María Pagán, narró los problemas que se han suscitado en la conducta de los estudiantes ante la falta de todos los T-1 necesarios en el salón contenido de autismo.

De hecho, Pagán, denunció que tanto el director de la región de Mayagüez, Norberto Valladares, como la directora interina del Centro de Servicios de Educación Especial de San Germán, Annette Vélez, no han querido atender a los padres.

Además, Dávila condenó el método que está usando el DE para la contratación de los T-1 a través del mecanismo de remedio provisional.

‘El remedio provisional es un recurso creado por la corte como parte del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez. Es un recurso para que los padres reclamen servicios aprobados en el PEI del niño, pero que el DE se ha negado a proveer ya sea porque se les pierden los referidos o no los procesan, o porque no tienen quién los dé. La Unidad de Remedio Provisional procesa los pagos a los suplidores contratados con lentitud, tardándose de 2 a 6 meses en hacer los pagos. Qué va a pasar cuando en vez de cobrar cada quincena, como están acostumbrados estos trabajadores a sueldo mínimo, tengan que esperar 1 mes o más para recibir su salario? Además de que están perdiendo el beneficio de bono de Navidad y vacaciones, lo que a su vez constituye un recorte significativo en su paga total. Estos se verán obligados a renunciar y buscar otro trabajo, y se afectará la continuidad y estabilidad del servicio de los T-1 a nuestros hijos’, reclamó.

Asimismo, Dávila, expuso que hay problemas con la transportación escolar, donde algunos estudiantes tienen que estar largos periodos de viaje para poder llegar a sus casas debido a los cambios de ruta que se hicieron, mientras otros no siquiera reciben el servicio.

Mientras, Dorilis Vila, destacó el proceso irregular llevado a cabo por el DE para otorgarle un contrato al Centro de Estimulación Integral de Bayamón. Del mismo modo, indicó que el contrato fue aprobado con una reducción de 50% de la propuesta sometida.

La institución ha tenido que recurrir a las donaciones y a dar servicios pro-bono para no afectar a los niños que atienden.Además, no se les ha aprobado el programa para adiestramiento a maestros de autismo.