En medio del proceso de selección del nuevo rector del Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, uno de sus candidatos se ha visto involucrado en alegaciones de apropiación ilegal de fondos públicos, insubordinación, abandono de labores y acoso laboral, que presuntamente el actual rector interino de la institución, el doctor Luis Torres Torres, buscó amapuchar.

Información en poder de NotiCel, pone al descubierto que el doctor Juan Bonilla González, quien al momento se desempeña como decano de Asuntos Académicos y aspira a ser rector del Recinto, estuvo por varios trimestres cobrando tres créditos por trabajar con su tesis doctoral sin dar clases, mientras a la vez fungía como director del Departamento de Ciencias Sociales. Todo esto aprobado por Torres Torres, quien para entonces era Decano de Asuntos Académicos.

En febrero de 2013, el Oficial Examinador que atendía una querella contra Bonilla González concluyó que este habría incurrido en violaciones reglamentarias por incumplimiento de sus deberes, abandono injustificado de sus labores e insubordinación. Por esto serecomendó que se emitiera una amonestación por escrito contra el imputado y se le exigiera la restitución de los $4,698.37, más el cobro de intereses. Estas recomendaciones fueron acogidas por la entonces Rectora, Trinidad Fernández Miranda.

Según supo este diario digital, las imputaciones de insubordinación ocurren contra la entonces nueva directora interina del Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal, Carmen Balsa González.

Bonilla González se rehusó a dar uno de sus cursos durante cuatrimestre 2010-2011, luego de que el Departamento realizara cambios en su programa debido a que supuestamente violaba la Certificación 72 emitida por la Junta Administrativa del Recinto. Aunque no ofreció el curso cobró ilegalmente unos $4,698.37.

En agosto 2011, el Recinto radicó una querella contra Bonilla González por no completar su carga académica. Fernández Miranda designó al licenciado Reggie Díaz Hernández como oficial examinador para atender dicha querella.

Aunque no había culminado el proceso administrativo, Bonilla González radicó querellas contra Balsa, Fernández Miranda y la entonces directora de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto, Elizabeth Negrón Pagán, ante el U.S. Equal Employment Opportunity Commission, alegando presunto discrimen por razón de incapacidad física, en violación a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

El profesor, durante la disputa con Balsa González en el cuatrimestre 2010-2011, solicitó un acomodo razonable, pero nunca cumplió con la entrega de la documentación que validaba la petición, según fuera requerido por Negrón Pagán, y la requisición fuera archivada.

También presentó en febrero de 2012 una querella ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, por un alegado patrón de acoso laboral, discrimen, persecución y represalias por parte de Balsa González.

Este diario supo que ninguna de las dos querellas prosperaron.

Un año después de la presentación de esas querellas, el Oficial Examinador culmina su investigación y hace las recomendación de amonestaciones.

Sin embargo, en mayo 2013 Bonilla González apeló la determinación de Fernández Miranda ante la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, entonces a cargo del doctor José Lasalde Dominicci.

El 14 de mayo de 2013, tras los cambios en la administración del Recinto, Torres Torres, en calidad de rector interino, solicitó a Lasalde Dominicci que revocara la resolución emitida por Fernández Miranda y dejara sin efecto las sanciones disciplinarias contra Bonilla González.

Durante septiembre 2013, Torres Torres llegó a un acuerdo con Bonilla González para que este repusiera el curso que no ofreció en el cuatrimestre 2010-2011, sin devengar ninguna compensación. Esto a cambio de que se desistiera el proceso disciplinario en su contra. El acuerdo fue sometido a la Oficina de Presidencia de la Universidad.

El 2 de octubre, el licenciado Efraín Maceira Ortiz, oficial examinador que atendía la apelación de Bonilla González, le recomendó a la presidenta interina de la Universidad, Celeste Freytes, que acogiera el acuerdo. Fue entonces, que para el 23 de octubre, Freytes radicó una resolución acogiendo el acuerdo entre Torres Torres y Bonilla González. A todo esto, el acto de apropiación se tramitó sin querella criminal.

Este diario supo que al actual presidente de la Universidad, Urayoán Walker, se le había hecho llegar copia de todas las alegaciones contra Bonilla González.

Ni Bonilla González ni Torres Torres contestaron a las peticiones de reacción de este diario digital.

De hecho, Bonilla González refirió al portavoz del Recinto, Enrique Rosario, la petición de entrevista de este diario. Rosario requirió entrega de todos los documentos en poder de NotiCel para acceder a que se le realizara entrevista a Bonilla González.

Por su parte, la portavoz del Presidente de la Universidad, Olga Vélez, señaló que a Walker no le había llegado ninguna información relacionada a Bonilla González, y que como este desconocía del proceso administrativo contra el profesor, se abstendría de emitir declaraciones.