La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo que en los próximos días convertirá en ley la ordenanza municipal que viabilizará la sindicalización de los empleados municipales a la vez que refutó alegaciones de que la medida podría ser ilegal.

La asamblea municipal, recientemente, aprobó una ordenanza que dará a los empleados regulares el derecho a organizarse y afiliarse en organizaciones sindicales, las cuales deberán estar certificadas por el Municipio como representante exclusivo de los empleados. Los empleados podrán negociar un convenio colectivo que cubriría salarios, beneficios marginales y los términos y condiciones de empleo pero no beneficios de retiro. Los empleados no podrán irse a la huelga de haber alguna disputa en la negociación del convenio colectivo.

Algunas personas han dicho que la ordenanza podría ser ilegal porque la ley de sindicalización del gobierno central cobija a empleados de las agencias y no a los de los municipios por respeto a la autonomía municipal.

‘El otorgar una sindicalización a los empleados va en contra de lo que dice la ley porque la definición de lo que constituye ‘personal’ se rige por la ley del Departamento del Trabajo que no incluye a los empleados municipales,’ dijo una fuente, que añadió que la ley no contempla que ni siquiera se negocie una ‘carta de convenio’ con los municipios.

Esto impide que haya un organismo central que regule y vele por las relaciones obrero-patronales así como el buen uso de cuotas pagadas por los empleados a las uniones obreras.

De hecho, el presidente de la Asociación de Alcaldes, José A. Santiago, dijo a NotiCel recientemente que no contempla que otros municipios emulen lo que hizo Cruz Soto. ‘No visualizamos que se extienda porque crea problemas de gobernabilidad…Los gobiernos locales no deben hacer lo que hace el gobierno central sino que aquel debe aprender de lo que hacen los gobiernos locales’, dijo Santiago.

Mientras que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo que Cruz Soto hizo una ordenanza que permite a los empleados asociarse como ocurre en otros municipios y que ella no había hecho nada.

Cruz Soto dijo que su municipio hizo los estudios legales necesarios para concluir que la nueva ordenanza es legal porque la constitución del ELA establece que los servidores públicos pueden asociarse para buscar una mejor calidad de vida. La votación en la asamblea municipal fue dividida.

‘Los alcaldes tranquilos, esto tiene que ver con San Juan…Lo que es bueno para los servidores públicos del estado, tiene que ser bueno para los servidores los municipios’, dijo Cruz Soto.

Al preguntársele sobre el impacto que tendría la sindicalización en un municipio que tiene un déficit de unos $85 millones, Cruz Soto dijo que la ordenanza toma en cuenta las finanzas del municipio.

‘Hay lenguaje en la ordenanza establece que no se pueden haber manifestaciones en horas laborables ni predios. Igual que la Ley 45, el último ano no se negociará convenios colectivos. Igual que la Ley 45 se prohíbe la huelgas’, dijo Cruz Soto.

Rechazó la percepción de que las uniones solo sirvan para pedir dinero. La ordenanza establece cuotas para el representante exclusivo. ‘Las uniones yo he aprendido…que por más que yo cuide a los empleados, cuando yo no este, espero estar en ochos años, hay que dejar una estructura que trabaje por el bienestar de los empleados’, dijo Cruz Soto.

Luego de que Cruz Soto firme la ordenanza, habrá un periodo de 45 días para seleccionar al representante exclusivo.