La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), es la más reciente de las entidades que ha reprobado la efectividad del IVU Loto.

El licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, señaló que ‘esta Comisión debe evaluar los resultados de este programa versus el costo del mismo tanto para Hacienda como para los comerciantes. Bajo el mismo argumento de eficiencia y de que el costo de cumplimiento debe ser bajo, este programa ha resultado oneroso para muchos comerciantes pequeños y no parece haber allegado los resultados esperados’:

Anteriormente, economistas y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados han establecido que el IVU Loto ha sido deficiente en aumentar los recaudos de dicho impuesto, al tratar de buscar mejorar los métodos de fiscalización de Hacienda.

De otro lado, Reyes, indicó que también hay que atender el problema de la mala utilización por parte de los comerciantes de los certificados de revendedor.

‘Desde el inicio ha existido abuso con la exención de revendedor, particularmente en ciertos comercios mayoristas, que además, venden diferentes tipos de mercancías al detal. Nos referimos al típico comerciante que posee un comercio y por ende cuenta con un certificado de revendedor, pero que aprovecha el certificado para hacer sus compras personales. Esto es una situación común, pero de muy difícil atención’, apuntó Reyes.

El representante Jesús Santa, propuso que dicho Certificado se elimine, y que en cambio Hacienda le honre al comerciante lo que pagó en el IVU en las compras para el negocio, y este solo le pague al fisco lo que al final del camino le pagó el consumidor por conceptos de dicho impuesto.

Por otra parte, Reyes sostuvo que debe haber más uniformidad con el impuesto que estipulan los municipios.

En ese sentido, el representante Rafael ‘Tatito’ Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, manifestó que se debe establecer una misma forma de pago para el IVU tanto estatal como municipal.

Las expresiones se dieron durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, donde se evalúa la R. de la C. 125, que pretende investigar de forma continua el IVU.