La representante legal del agente suspendido Harold Ortiz Cruz, quién le gritó ‘renuncia’ al superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, denunció una serie de irregularidades que se habrían cometido contra su cliente.

La licenciada Lucy Burgos, de la de la Asociación de Policías Organizados, Inc. (APO), que representa legalmente a Ortíz Cruz, manifestó a NotiCel que la Policía ha llevado a cabo un procedimiento contrario a sus reglamentos para sancionar a Ortíz Cruz por las expresiones que hizo a principios de enero frente a la Funeraria Martell en Mayagüez, durante los actos fúnebres del sargento Abimael Castro Berrocales, asesinado mientras intervenía con un conductor. Por estos hechos, al agente se le imputa la violación de varios artículos del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico y del Reglamento de Ética Gubernamental.

De acuerdo a Burgos, tras la

vista administrativa celebrada el pasado 18 de enero, acudieron al Tribunal de San Juan para presentar un injunction al entender que la suspensión sumaria de empleo y sueldo notificada el 6 de enero a Ortíz Cruz iba en contradicción a lo establecido en el Reglamento para el Trámite de Querellas Administrativas contra Miembros de la Fuerza y Personal Civil que Labora en la Policía de Puerto Rico (Número 6506) del 2002. Posteriormente de la celebración de la vista, el agente fue citado para una investigación por la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional de la Policía.
En el Memorando de Derecho sometido por Burgos el 26 de enero a la División de Investigaciones Administrativas de la Policía de Puerto Rico reza que ‘dicho procedimiento ha sido obviado de forma caprichosa y arbitraria por la Policía de Puerto Rico con el único propósito de provocar daño y desasosiego al agente expulsado’.
Sobre la controversia de la suspensión sumaria de empleo y sueldo sin haber mediado una investigación administrativa, Burgos explicó que según los reglamentos de la Policía, el Superintendente de la Policía puede suspender a un miembro de la Uniformada sin que se haya realizado una investigación ‘en aquellos casos donde la seguridad de las personas o la propiedad estén en riesgo’ o porque haya cometido un delito grave.
De otro lado, Ortiz Cruz, está citado para comparecer hoy a las 2:00 pm a la División de Investigaciones Administrativas de Mayagüez para realizar la investigación administrativa por parte de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional de la Policía.
Burgos planteó en el Memorando que ‘la investigación administrativa que pretende realizar ahora la Policía de Puerto Rico en el presente caso, resulta ser una investigación pro forma, sin ninguna garantía constitucional’.
Asimismo, Burgos solicitó que el agente Abraham Tanco, oficial examinador en la vista administrativa, sea sacado de dicha función pues alegó que existe un conflicto de interes porque es el ayudante especial del licenciado Armengol Igartúa, jefe de la División Legal de la Policía de Puerto Rico. Según ha trascendido, fue desde la División Legal donde salió la carta de suspensión sumaria de empleo y sueldo enviada al agente Ortíz Cruz
Debido a esto, Burgos determinó que ‘téngase en cuenta que el oficial examinador es quien ha delimitado los asuntos que están en controversia; ha tenido ante sí toda la prueba; ha adjudicado credibilidad; en fin, es quien ha formado el récord sobre el cual se basará el adjudicador para tomar la decisión final’. Resumió que Tanco sería ‘juez y jurado’.
Finalmente, reiteró su posición de que la Policía ha violentado el derecho a la confidencialidad que tienen los miembros de la Uniformada al filtrar a los medios el expediente del agente Ortíz Cruz donde consta el historial de alegadas querellas administrativas en su contra.
Burgos espera que el agente Ortíz Cruz

pueda ser reincorporado a sus funciones dentro de la Policía.