El representante José Luis Rivera Guerra fue uno de los votos a favor en un proyecto de la delegación novoprogresista para que las propiedades que no estén tasadas en el CRIM, puedan someterse voluntariamente a un registro y así se le perdonan todas las contribuciones que hubiera tenido que pagar en los últimos cinco años.

El voto a favor que Rivera Guerra emitió para el proyecto de la Cámara de Representantes 2752, que se convirtió en la Ley 71 de 2010, cobra nueva relevancia después de que se conociera, por acusación de un contrincante primarista, de las irregularidades que rodean las residencias del legislador en Moca y Aguadilla. Entre éstas, que reciben servicios básicos sin tener conexión registrada de luz y agua, y que una de ellas no figura en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para el cobro del impuesto por la propiedad.

La disposición de la Ley 71 cae como anillo al dedo para Rivera Guerra, quien la semana pasada, en un intento de aplacar el escándalo, presentó una carta del CRIM de que su propiedad de Aguadilla tasó $176,840 y está en proceso de que se evalúe su solicitud de exención. Lo que no indicó es si ese trámite fue al amparo de la Ley 71, que dispone que toda persona que someta voluntariamente su propiedad no tasada al registro especial del CRIM tendrá una exención por los cinco años previos. Es decir, se le perdonan cinco años y comienza a pagar desde el momento en que acude al registro voluntario.

Ayer, en reacción al escándalo, el gobernador Luis Fortuño aludió al tema de la tasación. ‘Primero hay que averiguar los hechos, porque puede que los hechos indiquen que había solicitado la tasación y no le habían tasado la propiedad en años’, dijo, para entonces apuntar a que la explicación de la situación de Rivera Guerra podría estar en el ‘desastre del CRIM’.

En su exposición de motivos, la Ley 71 indica que hay un ‘gran número de propiedades inmuebles residenciales, comerciales e industriales que no han sido tasadas por el CRIM, lo cual limita los recaudos para los Municipios y el Gobierno de Puerto Rico’. Añade que esa situación crea una ‘insuficiencia en los recaudos’ estimada en $223 millones, y propone que ‘la implantación de un registro de propiedades no tasadas y de mejoras de propiedades no tasadas, servirá como base para realizar un trabajo intensivo dirigido a la tasación de estas propiedades que están pendientes de tasar’.

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