El estado enfrenta otra demanda millonaria por la muerte de un ciudadano a manos de la Policía, mientras que el sistema disciplinario de la uniformada mantiene a esos agentes todavía en la calle, uniformados y armados.

Los padres y las tres hermanas de José Luis Irizarry Pérez radicaron una demanda la semana pasada en el Tribunal Federal en la que reclaman compensación de $5 millones por el incidente en el que cinco oficiales contribuyeron a la muerte a golpes del joven la noche de las elecciones de 2008.

Los oficiales demandados son Eric Rivera Nazario, Jaime Rodríguez Vega, Ángel Torres Quiñones, Efraín Burgos Montes, David Colón Martínez, y los supervisores que supuestamente no actuaron a tiempo para que estos agentes no estuvieran en la fuerza o no tuvieran contacto con el público.

El 5 de noviembre de 2008, poco después de la medianoche, un grupo de simpatizantes del Partido Nuevo Progresista celebraba el resultado de las elecciones cerca del coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras de Yauco cuando un grupo de policías llegó y comenzó a intervenir con, entre otros, el padre de la víctima, José Luis Irizarry Muñiz. Al ver esto, el joven de 19 años intentó detener el ataque y fue a su vez, puesto de rodillas y golpeado con rotenes en la cabeza y el pecho. El joven murió camino al hospital.

Luego surgieron alegaciones de que los agentes rompieron los cristales de sus patrullas para poder plantear que habían sido atacados primero por el grupo. El evento fue grabado por varias personas.

La demanda no sólo parte del acto directo de la muerte de Irizarry esa noche, sino que también apunta a que el código de silencio policíaco impidió que los oficiales responsables fueran identificados hasta que se realizó la investigación forman por el FBI y el Departamento de Justicia.

El código de silencio se extiende hasta el día de hoy cuando, ante el hecho de la radicación de la demanda, todavía la Policía se resiste a dar detalles sobre el status de los agentes. NotiCel indagó y se limitaron a decir que todos, menos uno, estaban activos. Un agente está suspendido, pero está solicitando revocar su suspensión y, si lo logra, vuelve a la fuerza y su suspensión desaparecería del récord. La Policía, no identificó a los agentes.

Entre otras situaciones, el sistema disciplinario casi inexistente de la Policía es el foco de una investigación del Departamento de Justicia federal cuyos resultados están todavía pendientes.

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Los padres y las tres hermanas de José Luis Irizarry Pérez radicaron una demanda la semana pasada en el Tribunal Federal en la que reclaman compensación de $5 millones por el incidente en el que cinco oficiales contribuyeron a la muerte a golpes del joven la noche de las elecciones de 2008.

Los oficiales demandados son Eric Rivera Nazario, Jaime Rodríguez Vega, Ángel Torres Quiñones, Efraín Burgos Montes, David Colón Martínez, y los supervisores que supuestamente no actuaron a tiempo para que estos agentes no estuvieran en la fuerza o no tuvieran contacto con el público.

El 5 de noviembre de 2008, poco después de la medianoche, un grupo de simpatizantes del Partido Nuevo Progresista celebraba el resultado de las elecciones cerca del coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras de Yauco cuando un grupo de policías llegó y comenzó a intervenir con, entre otros, el padre de la víctima, José Luis Irizarry Muñiz. Al ver esto, el joven de 19 años intentó detener el ataque y fue a su vez, puesto de rodillas y golpeado con rotenes en la cabeza y el pecho. El joven murió camino al hospital.

Luego surgieron alegaciones de que los agentes rompieron los cristales de sus patrullas para poder plantear que habían sido atacados primero por el grupo. El evento fue grabado por varias personas.

La demanda no sólo parte del acto directo de la muerte de Irizarry esa noche, sino que también apunta a que el código de silencio policíaco impidió que los oficiales responsables fueran identificados hasta que se realizó la investigación forman por el FBI y el Departamento de Justicia.

El código de silencio se extiende hasta el día de hoy cuando, ante el hecho de la radicación de la demanda, todavía la Policía se resiste a dar detalles sobre el status de los agentes. NotiCel indagó y se limitaron a decir que todos, menos uno, estaban activos. Un agente está suspendido, pero está solicitando revocar su suspensión y, si lo logra, vuelve a la fuerza y su suspensión desaparecería del récord. La Policía, no identificó a los agentes.

Entre otras situaciones, el sistema disciplinario casi inexistente de la Policía es el foco de una investigación del Departamento de Justicia federal cuyos resultados están todavía pendientes.