Junta Fiscal dice que ahora quiere litigar contra bonistas porque los cálculos de lo que se puede repagar cambió con el aumento en estos sistemas, mientras que exjueza denuncia un abandono del proceso de mediación.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo el miércoles a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain que antes había entrado en distintos acuerdos preliminares con los acreedores de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero ahora prefiere litigar contra estos porque los cálculos económicos de los cargos nuevos que aguantan los abonados cambiaron dramáticamente con la cantidad de personas que han instalado sistemas de placas solares y baterías en sus hogares.

Las expresiones del abogado de la JSF, Martin J. Bienenstock, ocurrieron durante una sesión informativa contenciosa en la que Swain quiso entender por qué el «cambio dramático» en el enfoque de la Junta a la luz de que la AEE había suscrito acuerdos preliminares con bonistas (RSA en inglés) incluso desde antes de que se creara la Junta y existiera la Ley PROMESA y ahora la estrategia principal es litigar para impugnar la validez de las reclamaciones de distintos acreedores en los $8,300 millones de deuda de la corporación pública.

Bienenstock alegó que lo primero que ocurrió es que se determinó que no se iba a aceptar el RSA previo a la PROMESA y que se iba a desarrollar uno nuevo, luego de eso el huracán María, luego el intento de la Junta de instalar a Noel Zamot como coordinador de la reconstrucción del sistema eléctrico con poderes administrativos en la AEE y, al retomar los análisis económicos, llegaron a la conclusión que había ocurrido un aumento vertiginoso en la instalación de sistemas solares en hogares y que los cargos que habría que imponer para repagar la deuda provocarían aún más éxodo de los abonados, llegando a la situación de que muy pocos abonados, esencialmente los más pobres, quedarían para repagar la deuda.

«Hay circunstancias cambiantes en el terreno», dijo el abogado al añadir que cuatro de los siete miembros de la Junta son nuevos y ninguno quería estar obligado por las determinaciones de una Junta previa. «Todos querían atender los hechos que tienen ahora», puntualizó.

Hace más de tres años, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC en inglés), había planteado le invalidez de los reclamos de los bonistas y ahora la Junta decidió, dijo el abogado, que en su obligación de revisar la validez de cualquier reclamación, debían escrutar la reclamación de los bonistas.

La explicación de Bienenstock plantea dudas sobre la estrategia que el ente fiscal ha usado para negociar y ajustar los distintos tipos de deuda que están cobijadas bajo los casos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico y recuerda también la exigencia de múltiples grupos, que no fue atendida completamente, de que había que auditar toda la deuda antes de llegar a acuerdos con acreedores y de ejecutar planes de ajuste. Bienenstock dijo que el fin del ente fiscal no es dejar de pagarle a los acreedores.

El representante legal de National Public Finance Guarantee Corporation, que representa los intereses del grupo de acreedores que reclama la mayor parte de la deuda de $8,300 millones, criticó que la Junta se haya «enamorado» del argumento de que un litigio podría esfumar la deuda «como alquimia» y volvió a recordar a la jueza que tiene pendiente de resolver una solicitud para poner a la AEE bajo un síndico que responde a los intereses de los bonistas.

La estrategia de la Junta con la AEE incluyó abandonar totalmente el proceso de mediación que fue ordenado por la jueza Swain a fines de septiembre, según lo denunció la propia jefa del equipo de mediación, la exjueza Shelley C. Chapman.

«Ha ocurrido ninguna comunicación sustancial… (el equipo de mediación) siente que nos tratan, en algunas circunstancias, como adversarios», planteó, al añadir que «no hemos visto ninguna propuesta, si hay alguna propuesta compartida con las partes, no la conozco… pensamos que íbamos a arrancar a toda velocidad y empezar a mediar». A fines de septiembre, después de que el equipo de mediación declarara un impase en la negociación, la jueza Swain modificó el mandato del equipo, pidió a la JSF que designara a un negociador líder en su equipo y ordenó que la mediación se reiniciara con la meta de que la Junta pueda someter una propuesta de plan de ajuste para la deuda de la AEE a más tardar el 1 de diciembre de manera tal que en junio de 2023 se pueda realizar una vista de confirmación.

La Junta acabó nombrando a Citibank como su mediador líder, pero aceptó que no hubo comunicación con el equipo mediador el último mes.

A pesar de argumentos de Bienenstock sobre lo difícil de concluir una propuesta de plan de ajuste cuando hay un litigio paralelo que puede sostener la validez de los reclamos de los bonistas, o reducirlos, la jueza Swain fue firme en que quiere ver una propuesta el 1 de diciembre y no puede ser un aguaje. «Espero ver algo que la Junta entienda de buena fe que se puede mover a la etapa de aprobación… quiero ver momentum aquí, quiero ver participación real y quiero ver momentum para junio, que debe ser temprano en la temporada de huracanes», le lanzó la jueza a Bienenstock.

Esta discusión polémica sobre el estancamiento de la reestructuración de la deuda de la AEE y el efecto que tiene en la misma la adopción acelerada de sistemas solares y de baterías en los hogares ocurrió justo cuando la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA en inglés) celebraba su cumbre, en la que figuró como conferenciante principal la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm.

La funcionaria dijo en una entrevista el martes con NotiCel que su misión es romper cualquier barrera que esté impidiendo la reconstrucción de la red eléctrica y la integración de fuentes de energía renovable en cumplimiento con la política pública de 100% de energía por fuentes renovables para 2050.

Durante sus dos visitas a la isla, Granholm no ha celebrado ninguna actividad pública con la AEE ni visitado instalaciones de generación con combustibles fósiles. Ayer designó a Agustín Carbó Lugo, el primer presidente que tuvo la extinta Comisión de Energía y un director de la sin fines de lucro Enviromental Defense Fund, como el director del nuevo Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía federal, que la representara aquí en su misión de acelerar la reconstrucción de la red.

Además, la propia Junta recientemente dio señales de que activarían el concepto de «proyectos críticos» que tiene PROMESA para acelerar también el proceso aprobación gubernamental de proyectos de energía renovable.

En un informe periódico que someten al Negociado de Energía, el operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy LLC, dijo que ya son 50,000 los sistemas de generación distribuida, el nombre técnico que se le da a las placas solares y baterías que se instalan en el punto de consumo, sean hogares o negocios. Estos sistemas producen 366 megavatios, lo que es mayor a lo que producen en este momento los pocos sistemas de generación a gran escala que han aprobado el Negociado, la AEE y la Junta.

Vea:

Sec. de Energía: “Mi misión es romper con la burocracia que detiene los proyectos de energía”

Dan señales de vida los «proyectos críticos» de la Junta

Placas solares en hogares protagonizan la «revolución» energética en PR, según cifras oficiales