Ambos casos son procesados por la fiscal federal auxiliar Emelina M. Agrait Barreto como parte de Project Safe Childhood.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a dos hombres en casos separados relacionados con explotación infantil, luego de que un gran jurado federal presentara acusaciones por producción, posesión y transporte de material ilícito, según informó la agencia.

“Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los depredadores de menores, incluyendo a los acusados en estos casos, y a proteger a nuestros niños”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

En cuanto al primer caso, un gran jurado acusó a José Antonio Maestre Rivera, de 27 años y residente de Carolina, por explotación sexual de menores, coerción e incitación, transporte con intención de actividad sexual, recibo de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno. Documentos judiciales señalan que entre abril y octubre de dos mil veinticinco utilizó dispositivos electrónicos y redes sociales para contactar a una menor de catorce años y producir y transmitir material de explotación infantil.

Si es convicto, Maestre Rivera enfrenta una pena mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua, según se informó.

En un caso distinto, agentes de HSI arrestaron a Gilberto Fontánez Alvarado, de 67 años y residente de Bayamón. Fue acusado por transportar y poseer material de explotación infantil. La acusación indica que entre agosto de 2012 y noviembre de 2025 utilizó dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de explotación infantil, incluyendo de menores.

Si es convicto, Fontánez Alvarado enfrenta una pena mínima de cinco años y una máxima de 20 años de prisión, según la información provista.

“Estos cargos resaltan una amenaza creciente en los casos de explotación infantil: depredadores que utilizan plataformas de redes sociales para identificar y manipular a menores”, dijo Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI San Juan. Añadió que la evidencia recopilada refleja patrones de conducta planificada y de largo plazo, según se indicó.

Ambos casos son procesados por la fiscal federal auxiliar Emelina M. Agrait Barreto como parte de Project Safe Childhood. Se recordó que una acusación es solo una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta ser declarados culpables más allá de duda razonable.