Hasta el 87 % de los inmigrantes indocumentados podrá permanecer en Estados Unidos si se aplican sin modificaciones las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama, según un estudio publicado por el Migration Policy Institute (MPI).

‘El efecto neto de la nuevas políticas será una reducción de las deportaciones desde Estados Unidos’, indica el informe de este centro de estudios migratorios independiente.

El estudio del MPI considera que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se enfocará en deportar a inmigrantes que son considerados una amenaza pública, que han sido condenados por delitos graves, los que han violado órdenes de deportación o han ingresado en el país recientemente.

Los responsables del informe estiman que un 13 % de los 11 millones de indocumentados que residen en EE.UU. (equivalente a 1.4 millones) estaría dentro de estas categorías, lo que los convertiría en objetivo prioritario de las deportaciones tras la entrada en vigor este mes de nuevas guías para llevar a cabo expulsiones de inmigrantes sin papeles.

En 2012, el Gobierno estadounidense puso en marcha el programa de acción diferida para dar permiso de estadía y trabajo a inmigrantes que han crecido en el país, el cual intentó ampliar en febrero pasado a un mayor número de jóvenes, así como a los padres de hijos nacidos en el país.

Estas dos últimas ampliaciones están suspendidas por un juez federal de Texas por una demanda presentada por varios estados y que está a la espera de una resolución de un tribunal de apelaciones.

En total 5.2 millones de inmigrantes se beneficiarían de esas medidas de alivio migratorio, pero el MPI recuerda que la implementación de nuevas guías para las fuerzas de orden y migratorias ampliaría este número de beneficiados a 9.6 millones.

Las acciones ejecutivas del presidente Obama y las nuevas recomendaciones para las deportaciones pondrán el número de expulsiones anuales en mínimos históricos.

Según el MPI, las deportaciones se reducirán en 25,000 anuales, situándolas por debajo de las 100,000.

En 2011 se registró un récord máximo de deportaciones con la expulsión de 188,000 inmigrantes que habían cometido delitos.