El Gobierno de EE.UU. no tiene la obligación de dar explicaciones a los inmigrantes a los que niega un visado por su supuesta implicación en actividades terroristas y está exento de presentar pruebas para demostrar esa acción, dictaminó hoy lunes el Tribunal Supremo estadounidense.

Con 5 votos en contra y 4 a favor, el alto tribunal falló en contra de Fauzia Din, una mujer afgana con ciudadanía estadounidense que quería que se le otorgara un visado a su marido, también de origen afgano y que había trabajado como funcionario de bajo rango para el régimen talibán en el país asiático.

El consulado del país norteamericano negó en 2009 al empleado afgano Kanishka Berashk su visado alegando que no podía entrar legalmente en EE.UU., porque se había visto implicado en ‘actividades terroristas’, pero no dio ninguna otra explicación para demostrar estas acusaciones, según el fallo judicial.

Din, que vive en Fremont (California), defendió que esas razones carecían de legitimidad y afirmó que su marido, con el que se casó en 2006, no era un terrorista y que se le había negado el visado solo por su anterior trabajo como funcionario en Afganistán.

Para no permitir a Berashk unirse con su mujer en Estados Unidos, el Gobierno defendió que los funcionarios consultares tienen amplio margen de maniobra para negar visados a las personas que supuestamente están vinculadas a ‘actividades terroristas’ y no están obligados a ofrecer más detalles.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial del país sienta jurisprudencia sobre la emisión de visados en los casos en los que se vea implicado un inmigrante sospechoso de terrorismo.

El régimen talibán, que gobernó Afganistán desde 1996, fue derrocado en 2001 con la invasión de Estados Unidos, aunque trece años después la inseguridad persiste en buena parte del país.