Washington – El Tribunal Supremo de Arkansas (EEUU) declaró hoy que el sistema de ejecución en el estado es inconstitucional, ya que otorga demasiado poder de decisión al Departamento de Penitenciaría.

La decisión judicial no significa la supresión de la pena de muerte en Arkansas, pero suspende el método basado en la inyección letal. La última ejecución en Arkansas tuvo lugar en 2005.

Los magistrados afirmaron que debe ser el cuerpo legislativo de Arkansas quien marque las directrices para las ejecuciones en el estado, al contrario de lo que señala la norma aprobada por el Congreso estatal en 2009.

Según la sentencia, el legislativo ‘abdicó de su responsabilidad’ al otorgar discreción sin ‘restricciones’ al Departamento de Penitenciaría estatal acerca de los procedimientos para las ejecuciones, entre ellos la selección de los fármacos que se utilizan.

La apelación fue presentada por un grupo de diez presos, de los 40 que permanecen en corredores de la muerte del estado sureño.

El pasado año, el Supremo suspendió la ejecución programada de tres presos con el mismo argumento utilizado en la sentencia de hoy.

En lo que va de 2012, han sido ejecutados en Estados Unidos 22 presos, según la ONG Death Penalty.