Organizaciones del sector de la salud y hospitales solicitaron numerosas modificaciones al PC 1007 para garantizar precisión, salvaguardas y enfoque humano.

La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la Coalición Pro-Salud Mental y la Asociación de Hospitales mostraron reservas en apoyar el Proyecto de la Cámara 1007, que busca enmendar la Ley 408-2000 de Salud Mental. 

Las organizaciones que agrupan a profesionales de la salud y la salud mental consideraron que el proyecto debe ser más específico en su redacción, señalando vacíos que podrían traducirse en enfoques «punitivos y no terapéuticos». 

Asimismo, han solicitado mayor especificidad y garantías en diversos aspectos de la reforma.

“El PC 1007 introduce cambios que nos preocupan”, sentenció a Zayana Figueroa,  psicóloga clínica y coordinadora del Comité de Asuntos de Política Pública de la APPR.

La especialista en comportamiento alertó que el uso del término “retención” en el articulado podría interpretarse como una medida coercitiva. Propuso sustituirlo por “intervención terapéutica provisional”. 

Figueroa se refiere al proceso para ofrecer evaluación a un paciente, para garantizar evidencia de intentos de proveer los servicios o tratamiento menos restrictivo de acuerdo a sus características o diagnóstico particular como alternativa. 

La psicóloga también manifestó preocupación por la falta de claridad en los procesos, ya que no se garantiza ni la presunción de competencia mental ni el consentimiento informado. Además, criticó la ausencia de mecanismos concretos para atender los factores sociales determinantes —como pobreza, violencia y desempleo— que a su juicio «perpetúan la medicalización de problemas que tienen dimensiones estructurales». 

“Toda reforma debe preservar la dignidad, la presunción de competencia y la alternativa menos restrictiva, evitando enfoques coercitivos o punitivos”, enfatizó la especialista.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Hospitales, Pedro González, señaló que la medida genera interrogantes, riesgos operacionales y preocupaciones sobre la continuidad del cuidado, manejo clínico y coordinación multisectorial.

“Desde la perspectiva hospitalaria, resulta imprescindible que cualquier reforma sustantiva al marco legal de salud incorpore guías, criterios y salvaguardas específicas que atiendan el abandono de pacientes y promuevan soluciones reales”, subrayó  González en una vista de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

La comisión es dirigida por Gabriel Rodríguez Aguiló, quien es autor de la medida.

Para el administrador en Sistemas de Salud, el sector hospitalario opera bajo un marco estrictamente regulatorio, estatal y federal, con obligaciones legales y realidades operacionales que deben armonizarse con cualquier reforma a la normativa aplicable.

Sin embargo, el gremio valoró la intención de reforzar la prevención e intervención temprana antes de un diagnóstico formal, la modernización de procesos mediante estándares definidos, auditorías y confidencialidad, así como la inclusión del cuidado perinatal. 

La organización también llamó la atención sobre la problemática del abandono de pacientes con condiciones de salud mental en los hospitales, especialmente en la población de adultos mayores. 

“Adultos dados de alta clínicamente permanecen ingresados por semanas o meses por falta de alternativas”, explicó González, durante la segunda audiencia pública de la pieza legislativa.

De hecho, el legislador respaldó la premisa y solicitó información adicional respecto al tema, extendiéndolo a la población de menores que igualmente permanecen en las instituciones.

Po otro lado, el panel resaltó la necesidad de adiestrar personal gubernamental, y en especial a los agentes de la Policía de Puerto Rico en intervención y manejo de personas que muestren signos de alguna condición de salud mental. 

El proceso sirvió, además, para recoger distintas preocupaciones, incluyendo el rol de las aseguradoras en la toma de decisiones clínicas, el lenguaje utilizado en la redacción del proyecto sobre las disposiciones de ingreso involuntario y la necesidad de abundar de forma concreta los recursos de apoyo para personas vulnerables sin redes familiares o alternativas de vivienda.

Rodríguez Aguiló aseguró que “las recomendaciones serán incorporadas al proceso de enmiendas. La intención es que el documento final refleje la participación y la opinión de todos los sectores. Tratando de que estemos todos de acuerdo».

Para esta última audiencia para la discusión de la medida también fueron citados, sin comparecencia, ⁠Ponce Health Science University, Universidad Carlos Albizu, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

No obstante, la Asamblea Legislativa continuará recibiendo propuestas y memoriales sobre el tema por parte de gremios, profesionales e individuos, para perfeccionar la propuesta, hasta el próximo martes. La meta de la Comisión de Salud es que la medida pueda ser presentada lo más pronto posible y aprobada en febrero.