Hernández explicó que la solución debe llegar a través de un enfoque integral, combinando medidas sociales y sanciones legales.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera instó al gobierno y a las autoridades responsables a “tomar cartas” y priorizar el bienestar de los menores ante el alarmante incremento de casos de maltrato infantil en la Isla.

Y es que, a pesar de la preocupación social, el gobierno niega la existencia de una crisis, argumentando que los incidentes recientes han ganado notoriedad mediática pero no representan una tendencia fuera de control. 

Sin embargo, Hernández ha señalado que, crisis o no, cualquier caso de maltrato infantil es motivo suficiente para que el Estado actúe de manera decidida.

“Independientemente de que haya o no haya una crisis, es un problema. Con que haya un solo caso es un problema que el gobierno debe atender”.

Hernández explicó que la solución debe llegar a través de un enfoque integral, combinando medidas sociales y sanciones legales. 

“Las medidas sociales previenen el surgimiento del problema. Muchas veces el problema surge por enfermedades de salud mental y medidas punitivas que desincentivan o que castigan el llevar a cabo ese problema. Es bien importante que las soluciones que se desarrollen tomen en cuenta ambas”, sostuvo el comisionado.

Por otro lado, surge la polémica en torno a la actuación de un policía municipal del municipio de Carolina, quien refirió a un inmigrante detenido por una infracción menor a la agencia de Control de Fronteras (CDP, en inglés). 

Hernández admitió que pese a no conocer hechos de la detención su postura en cuanto es que los procesos de inmigración deben enfocarse en las personas que son delincuentes violentos.

«Fuera de eso, pues las agencias de seguridad no deberían estar colaborando con la agencia de inmigración fuera de los crímenes violentos que lleven a cabo intervención», acotó. 

“No tengo suficiente información para opinar al respecto, pero mi posición general es esa. Yo creo que las agencias de seguridad pública, cuando intervienen con una persona, el estatus migratorio no debe estar en consideración a menos que sea un crimen violento, porque no queremos criminales aquí y se acabó”.

El comisionado residente reclamó además la necesidad de buscar el equilibrio entre la prevención social y la aplicación de la ley.

 “A mí me gustaría que los policías estatales y municipales no refirieran a las personas de inmigración por cosas tan pequeñas como infracciones de tránsito”, concluyó