El gobierno aún no ha entregado la certificación de que la medida propuesta por la gobernadora Jenniffer González es fiscalmente neutral, según la ley Promesa.

El sistema SURI del Departamento de Hacienda abre el periodo para radicar la planilla de contribución sobre ingresos 2025, mientras la reforma contributiva y el cheque de alivio fiscal continúan generando debate en Puerto Rico.

Según confirmó el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, en una reciente conferencia de prensa, el gobierno aún no ha entregado la certificación de que la medida propuesta por la gobernadora Jenniffer González para otorgar el llamado «Cheque de Alivio Contributivo» a la clase media es fiscalmente neutral, de acuerdo con lo requerido por la sección 204 de la Ley Promesa.

“El gobierno va a estar emitiendo esa certificación de sección 204 y eso crea o abre un término que también empieza a correr para que la Junta de Supervisión Fiscal, una vez el gobierno de Puerto Rico hace esa certificación, haga su análisis para probar o no la medida”, explicó Peña Payano.

La Ley Promesa establece que, una vez convertida una medida legislativa en ley, el gobierno de Puerto Rico debe emitir una certificación demostrando que la iniciativa es fiscalmente neutral y que existen los fondos necesarios para su ejecución. Este análisis recae sobre Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la AAFAF, quienes deben demostrar que la medida no afectará negativamente las finanzas públicas.

Peña Payano señaló que los fondos han sido identificados y que no se prevé un impacto negativo, dado que la Junta de Supervisión Fiscal había recomendado que el gobierno creara un alivio contributivo de manera no recurrente, mientras se atienden los aspectos permanentes de la reforma.  

El proyecto de Ley de Reforma Contributiva continuará siendo analizado en la Asamblea Legislativa; mientras tanto, el alivio fiscal ya está disponible. 

“Las personas contribuyentes ya pueden presentar sus declaraciones y pagos de impuestos. Esto permitirá agilizar el análisis para determinar, de acuerdo con los ingresos y la composición familiar de cada uno, el monto del reintegro que recibirán”, aseguró el secretario.

Actualmente, el proceso sigue los términos establecidos en la Ley Promesa. El equipo fiscal envía la documentación necesaria y la Junta lleva a cabo su evaluación. Peña Payano insiste en que, “gracias a la identificación de fondos, incluyendo más de $300 millones adicionales, no se anticipan problemas. Si hubiera alguno, la gobernadora ha sido clara: vamos a estar del lado de la gente”, afirmó.

Peña Payano expresó que, si fuera necesario, el gobierno defenderá la reforma en los tribunales. “Vamos a ir al foro que sea. Pasó con ley de retiro, pasó con bono de Navidad y otros proyectos de ley. Si tenemos que ir al tribunal, vamos nosotros”, concluyó.