Exigen que se concrete los acuerdos de dos convenios colectivos que están en espera desde 2023 y otro, desde el 2024.

La organización ProSol- UTIER solicitó hoy, lunes, a la gobernadora, Jenniffer González Colón, que ponga en vigor de forma inmediata los convenios colectivos de la Oficina del Procurador del Veterano y el de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que ya habían sido firmados desde diciembre 2023 y octubre 2024, respectivamente. 

Según las denuncias señaladas en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Centro Gubernamental Minillas, se le ha enviado misivas tanto a la González Colón como a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y no han recibido respuestas. 

“Hemos estado enviando cartas de seguimiento a ambas agencias y nadie hace ninguna gestión real para que estos convenios se pongan en vigor. De la misma forma que la gobernadora pide a la Junta y defiende contratos en otras categorías, es lo menos que exigimos de un convenio colectivo, que es un contrato. Con la misma firmeza que defiende los contratos que ella acuerda, que actúe igual en este. Por eso, es el requerimiento a la gobernadora para que le exija a la JSF poner en vigor ambos convenios”, expresó en un aparte con NotiCel, el portavoz Ángel Figueroa Jaramillo. 

A pesar de que se han acercado en múltiples ocasiones a la Fortaleza para poder concretar los convenios, el único acercamiento que lograron fue con un asesor, pero tampoco se resolvió lo solicitado.

Según Figueroa Jaramillo, tener en pausa los convenios colectivos, está afectado aproximadamente a 400 personas “que no reciben aumento desde hace más de 14 años”. Esto es sin contar el impacto directo al pago de plan médico. 

“Salarios de 14 años estamos hablando de $1,800 al mes de algunos, otros $1,300 al mes y no solamente el salario, sino el impacto que tiene el plan médico. En la medida que la aportación del plan médico no se ajusta como hemos ajustado en estos convenios, ese aumento en el costo del plan médico lo va absorbiendo el trabajador”, insistió el portavoz. 

“En el caso del Veterano es bien interesante porque esa oficina que poca gente le da importancia es una oficina que mantiene activo en Puerto Rico una comunidad de veteranos que aportan a la economía del país sobre $700 millones. Esto es una oficina vital y en la medida que nos siguen recortando para reducir los servicios, los veteranos se nos van de Puerto Rico”, agregó. 

Figueroa Jaramillo denunció además que llevaron la preocupación a la Oficina Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) a la directora y exsenadora penepé, Keren Riquelme, pero tampoco tomó cartas en el asunto. 

“Estamos frente a un Gobierno que los trabajadores no tienen ninguna relevancia para su ejecutoria. Por eso, vamos a ser creativos en el espacio legal que tengamos bajo la Ley 45 en protestas, en reclamos, en actividades y de igual forma, bajo la Ley 130. Estaremos evaluando todas las alternativas para que realmente se ponga en vigor lo que se acordó”, puntualizó.