En una vista pública, el Departamento de Educación (DE) aseguró que las escuelas públicas son un lugar seguro para los estudiantes y que los eventos de agresión se tienen que erradicar desde las comunidades.

A pesar de que se han viralizado recientemente algunas incidencias de agresión entre estudiantes dentro de planteles escolares en Puerto Rico, el Departamento de Educación (DE) aseguró en una vista pública en el Senado que se ha reducido dramáticamente las incidencias de peleas en los últimos años.

El DE dijo que se ha reflejado una reducción desde el 2020, año en que se registraron 600 incidentes en las escuelas. Ahora rondan en 172 incidencias por año.

Uno de los eventos más recientes y que fue compartido en las redes fue un acto de agresión entre estudiantes en una escuela de Luquillo.

A pesar de la presencia de otros estudiantes y adultos en el lugar, no se intervino ni se notificó a las autoridades correspondientes, lo que ha generado preocupación sobre la eficacia de los protocolos de seguridad establecidos en las escuelas de Puerto Rico.

César Omar González Cordero, comisionado de Seguridad del DE, explicó en la audiencia pública que actualmente las escuelas públicas se pueden catalogar como los lugares más seguros para un estudiante y que gran parte de las agresiones que se han suscitado últimamente ha sido porque los padres no se involucran en el proceso de educación social.

Explicó que el DE tiene cientos de talleres de conducta, manejo de emociones, entre otros temas relacionados, pero que si el padre no es parte del cambio, los eventos de agresión seguirán dándose.

«Prácticamente el DE lleva actividades preventivas todos los días en las escuelas y todos los días salen agencias estatales y federales para atender casos particulares que han ocurrido… la preocupación del DE siempre ha sido en la participación de la ciudadanía, pero sobre todo, los padres. Los convocamos, le abrimos las puertas del plantel escolar, pero la mayoría lamentablemente, de 600 de matrícula, no llegan ni 25 padres», sostuvo González Cordero.

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Esta vista pública se llevó a cabo gracias a la aprobación de la Resolución del Senado 40 presentada por la senadora Brenda Pérez Soto, que busca investigar sobre las agresiones suscitadas recientemente entre estudiantes, evaluar los protocolos del DE, la actuación del Comité de Disciplina, entre otros aspectos relacionados.

El DE dejó saber también a los senadores que algunas de las respuestas a las agresiones por parte de los estudiantes pueden ser por maltrato y negligencia familiar, acoso escolar, armas, drogas, violencia escolar y utilización de alcohol.

Actualmente, Educación cuenta con un Reglamento General de Estudiantes 9243 que tiene como propósito regir la convivencia y el comportamiento de los estudiantes dentro del plantel escolar.

Una de las piezas vitales para controlar las agresiones dentro del plantel escolar es la presencia de un guardia escolar. Sin embargo, la senadora Jamie Barlucea expresó que le ha llegado información de que los guardias escolares no tienen derecho a intervenir en peleas entre estudiantes.

La vigilancia escolar actualmente se da por contratos privados en el DE por falta de fondos en la propia agencia.

«Estuve hablando en los pasados días con el alcalde de Lares y me ha planteado la preocupación sobre los guardias escolares, sé que contratan compañías, pero no es lo mismo porque en muchas ocasiones esos guardias que están contratados bajo esa compañía, no pueden interactuar ni con los estudiantes…¿no han contemplado regresar a los guardias escolares?», indicó Barlucea.

«La respuesta es que se han buscado alternativas para el proceso de reclutamiento de guardias escolares, pero los beneficios, salarios, crear un proceso de academia y cuando vamos a números y centavos, prácticamente el DE le cuesta más tener un proceso de adiestramiento, reclutamiento, las pensiones, pago de retiro…», explicó González Cordero.

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Se planteó la idea de regionalizar el proceso de contratación de guardias escolares, como una alternativa que permitiría agilizar contrataciones y que otras compañías puedan participar de la subasta.

«Por qué hacer subastas a nivel de todo Puerto Rico cuando puedo hacer subastas a nivel regional. Esto nos daría oportunidad a que otras compañías entraran al ruedo del juego, que el contacto de reclutamiento sea más directo, que es algo que quizás el Senado puede tomar en cuenta. Quizás no es dejarnos llevar por un contrato de la Administración de Servicios Generales que nos ata, sino que nos den la oportunidad como agencia de poder llevar en un proceso de competencia a nivel regionalizado y que tengamos un servicio más directo», indicó González Cordero.

González Cordero insistió en que las escuelas son un refugio ante la criminalidad rampante que hay en algunas comunidades del país e instó a que se evalúe la posibilidad de erradicar los eventos de violencia, comenzando con atender las comunidades más vulnerables.

«No es falta de seguridad, aquí hay un problema de la comunidad. Lamentablemente tuvimos una problemática en Yauco, los estudiantes no los mataron dentro del plantel. Al contrario, el único lugar seguro que tuvo ese estudiante antes de ser asesinado fue la escuela, pero lamentablemente ese día faltó a la escuela y lo mataron en su comunidad. Aquí tenemos que ver cómo integrar la comunidad de que sea parte del proceso», concluyó

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