Nueva orden ejecutiva crea excepción gigante a la ley con la que se supone todas las compras del gobierno fueran centralizadas en la Administración de Servicios Generales.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia abrió una rendija para que miles de millones de dólares en fondos de reconstrucción tengan trámite expreso en las contrataciones y evadan la ley de 2019 con la que se supone todas las compras del gobierno, incluyendo las relacionadas a la reconstrucción, sean tramitadas por la Administración de Servicios Generales (ASG).

Sin aludir a algún problema específico que tenga la ASG, y sin eliminarla pero haciéndola opcional, Pierluisi Urrutia decretó el martes mediante la Orden Ejecutiva 2022-31 (OE) que toda agencia o corporación pública puede adjudicar una contratación relativa a un proyecto de reconstrucción a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), cualquiera de las «entidades exentas» que contempla la ley o en la misma agencia si obtiene una dispensa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

AFI la dirige Eduardo Rivera Cruz, hermano del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, la ACT la dirige Edwin González Montalvo y la AEP, de forma interina, la dirige Arleen Reyes Rodríguez.

La orden choca directamente con la ley 73 de 2019 mediante la que se pretende centralizar todas las compras del gobierno bajo la ASG y la figura de la Principal Oficial de Compras, puesto que actualmente ocupa Karla Mercado Rivera. Esa ley incluía los trabajos de reconstrucción en aquellos que se subastarían a través de la ASG y dice, incluso, que aún «todas las compras de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico realizadas por cualquier entidad exenta, serán realizadas a través de la (ASG)». La OE llama «métodos alternos» a las nuevas avenidas de adjudicación.

La orden ejecutiva ahora hace a la ASG algo opcional y discrecional, en vez de obligatorio. La promulgación de la orden ocurre en momentos en que hay múltiples proyectos radicados en la Asamblea Legislativa para sacar a ciertas agencias de la jurisdicción de la ASG en cuanto a compras o para ampliar la lista de «entidades exentas».

El Gobernador firmó la OE en momentos en que se esfuerza por proyectar acción con los fondos federales asignados para la reconstrucción de obras y de infraestructura eléctrica en la isla tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. Según cifras del gobierno, el Congreso ha asignado casi $80,000 millones para obras en Puerto Rico y se han desembolsado $23,000 millones.

La OE está fundamentada en la Ley 71 de 2021 sometida por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes que «tuvo el efecto de cambiar nuestro ordenamiento jurídico para permitir que las agencias, corporaciones públicas y municipios puedan realizar sus propios procedimientos de compras y subastas para los proyectos de recuperación y reconstrucción» subvencionados con fondos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), de la Ley ARPA y del programa CDBG-DR, pero no tomó en cuenta que ya las juntas de subastas están centralizadas en ASG por la ley de 2019. Por tanto, la ley de 2021 devolvió poderes a unas agencias que ahora no tenían cómo ejercerlos porque el personal se había movido a la ASG.

Al establecer el nuevo ordenamiento, Pierluisi Urrutia extendió la orden de emergencia emitida después de los huracanes de 2017 y los terremotos de 2020 para cubrir también el periodo de reconstrucción. El estado de emergencia «debe permanecer debido a que nos encontramos en plena etapa de reconstrucción», dijo el Gobernador.

«[T]odo proyecto de reconstrucción que se realice a causa de los daños causados por los huracanes Irma y María, así como por los terremotos de 2020, es un proyecto crítico que deberá ser atendido con agilidad y urgencia, asegurando que se cumplan con las normas ambientales aplicables», añadió.

Las obligaciones que la OE establece son informar cada tres meses a la ASG de los procesos de adjudicación realizados, que la ASG preste «asistencia técnica» a los que la pidan, que los reglamentos realizados para cumplir con la orden sean consistentes con la Ley 73 y que «las subastas llevadas a cabo conforme a esta Orden Ejecutiva deberán llevarse a cabo de manera transparente y ser transmitidas mediante las plataformas virtuales y tecnológicas disponibles».

Para ver la orden, pulse aquí.

Vea:

Sectores del PNP mantienen lucha por el control de las compras en el gobierno