Fuera de pedirle acción al gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se lavó las manos en cuanto al contrato de la Autoridad de los Puertos (AP) que permite el control de New Fortress Energy (NFE) sobre el único punto de entrada de gas en la costa norte y que limita las posibilidades de tener beneficios por competencia entre suplidores de ese combustible.

Cuando aprobaron el contrato con NFE por siete años y $3,179 millones el pasado Viernes Negro, el ente fiscal indicó que “el acceso en el puerto permanece como una barrera a la competencia abierta en el suplido de combustible de Puerto Rico” y que su decisión de avalar el acuerdo tomaba en cuenta lo “desastroso” que sería dejar a la isla sin suplido de gas. También celebraron que el acuerdo obliga a que NFE entre en contratos con suplidores terceros cuando no puedan entregar el gas que tienen contratado.

Por esto, dijeron que para marzo de 2026, el gobierno debe “desarrollar alternativas a la estructura actual para poder tener más competencia en el suplido de gas a futuro”.

Pero, a preguntas de NotiCel el miércoles sobre qué poderes tenían para intervenir con el contrato si el gobierno no cumplía con esta directriz, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, afirmó que las características del acuerdo no son las que ellos han establecido para revisar, y potencialmente detener o anular, contratos del gobierno. Mencionó que no alcanza el umbral de $10 millones que activa esa revisión formal. Aludió también al tiempo que ha pasado desde la firma del acuerdo en 2018. “Decir siete, ocho años después que vamos a abrir el contrato… no había una base para nosotros repasar ese contrato”, contestó.

El funcionario recordó también que el contrato con Puertos tiene una cláusula que permite al gobierno sacar a NFE por “la ocurrencia de un evento inesperado de importancia significativa para el desarrollo económico de Puerto Rico”. Pero ejecutarla implica también compensar a NFE, como lo implicaría también si se decide retomar control de ese muelle mediante el poder de expropiación del estado.

En 2018 y 2019, la Junta había requerido, y luego celebrado, la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 en la central de San Juan. El contrato para ceder el muelle a NFE fue parte del andamiaje para esa conversión y el punto de partida para la ventaja que la empresa ha tenido en procesos competitivos de suplido de gas, como lo anotó la propia Junta al aprobar el más reciente contrato.

La reunión pública de ayer, la 49 de la JSF, contó con la presencia en la isla de los cuatro miembros que ahora la componen, incluyendo los tres que retaron éxitosamente la decisión de Casa Blanca de destituirlos. Ante el aviso de que el ejecutivo federal pretende apelar esa determinación que los devolvió a sus puestos, el presidente de la Junta, el exjuez de quiebras Arthur Gonzalez, declinó abundar y solo afirmó que van a atender en el tribunal lo que se les requiera.

“No está claro el impacto que podrían tener (los despidos en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica)… es difícil de predecir”, comentó el presidente. Por su parte, su compañero John Nixon, el único que Casa Blanca no destituyó, añadió que “aquí no estamos operando en modo de crisis, estamos intactos”. En un documento esta semana, la JSF dijo al tribunal de quiebras que entiende que todavía es confirmable el quinto plan de ajuste de deuda que sometieron, a pesar de que han ocurrido cambios en cuanto a los acreedores que lo apoyaban.

El punto principal en la agenda de la reunión de ayer era presentar un proceso nuevo de confección de presupuesto que se aplicará para el presupuesto del año que viene y que supone comenzar a devolverle al gobierno el control sobre ese proceso que la Junta había asumido por virtud de la Ley PROMESA. Ahora, en vez de solo la Junta, tanto ese ente fiscal como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deben desarrollar en conjunto la propuesta presupuestaria. Esto no quiere decir que haya fecha cierta de salida de la Junta. Mujica observó que el presupuesto vigente sería el primero de los cuatro sucesivos que se necesitan para que se cumpla uno de los requisitos de la salida de la Junta, pero recordó también que el balance solo se puede declarar cuando estén listos los estados financieros auditados de este año.

En la discusión sobre el presupuesto surgió que OGP tuvo que desarrollar la herramienta Sistema de Inteligencia de Datos (SID) para poder tener uno de los elementos cruciales de la reforma presupuestaria que impulsa la Junta: visibilidad en tiempo real de los ingresos y gastos de todo el gobierno.

Pero esas mismas funciones son las que se supone que se lograran en el proyecto Enterprise Resource Planning (ERP), encargado al Departamento de Hacienda. Después de más de tres años, y de varios aumentos a la compensación del suplidor, todavía esa herramienta no está lista. El primer contrato a Deloitte Consulting, LL en 2022 fue por $73.1 millones y disponía un plazo hasta diciembre de 2024. Tras 12 enmiendas aprobadas por la Junta, el monto ahora es de $85.1 millones y el plazo se movió a julio de 2027. Como parte de las enmiendas, en junio de 2025, el gobierno accedió a darle un asiento sin voto a la JSF en el comité que timonea el proyecto y que coordina la secretaría de la Gobernación.

Al repasar las funciones del ente fiscal durante el último año, Mujica divulgó los cálculos que han hecho basados en la cantidad de deuda que lograron borrar durante los distintos procesos de reestructuración y con los que defienden que han ahorrado $60,000 dólares a cada hogar de Puerto Rico. Visto de otra manera, afirmó que la isla ha recibido, en ahorros, $38 por cada $1 que se ha gastado en el ente fiscal y los procesos de quiebra pública.

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