Sin transparencia imposible conocer sus beneficios

Mientras uno de los creadores de la Ley 22 y un economista analizaban los impactos de las leyes para incentivar la inversión en Puerto Rico en el conversatorio ‘Leyes 20 y 22: los dos lados de la moneda’, la Administración Rosselló Nevares anunció la primera compañía de música urbana, Music Entertainment LLC del reguetonero Wisin, en obtener una exención contributiva en actividades creativas, de servicios compartidos, publicidad y relaciones públicas para mercados fuera del país.

La Ley 20 promueve exportación de servicios con incentivos que incluyen el 100% de exención sobre ganancias, una tasa de 4% por los ingresos personales generados por estas actividades, y un 100% de exención sobre contribuciones de propiedad los primeros cinco años de operación. Mientras, la Ley 22 ofrece un 100% de exención sobre los intereses, dividendos y ganancias de capital de largo plazo a cambio de una estadía de 183 días en la Isla. Algunos defienden estos incentivos a capa y espada, descartando las críticas por la falta de transparencia sobre el rendimiento de estas exenciones para la economía local.

La negligencia por parte de agencias públicas en el manejo de datos y dificultades con plataformas electrónicas provocan que el Gobierno incumpla con la publicación estatutaria de informes sobre incentivos contributivos desde el 2015, lo cual violenta la Ley 73 de 2008 de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico.

La carencia de información, atribuida a ‘problemas tecnicos’, ocurre de forma paralela al pedido por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la entrega de decretos de incentivos tributarios, uno que el Gobierno acató para el año fiscal 2017 según la propia entidad financiera. Sin embargo, ambos grupos se niegan a publicar los datos.

Según el licenciado Edgar Ríos Mendez, responsable de formular y promover la Ley 22, esta ley ‘ha cumplido su función al ser el gancho’ que motiva a los inversionistas extranjeros a trasladarse y establecer sus negocios aquí creando empleos locales. ‘Tenemos que dar incentivos si queremos crecer’, insistió.

Sin embargo, el economista Jose Caraballo Cueto, enfatizó la necesidad de realizar un análisis individual de cada decreto otorgado pues ‘tiene que haber más transparencia’. ‘Hay que hacer un análisis más serio si uno de verdad quiere sacarle el máximo potencial’, insistió en el conservatorio convocado por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

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Para Caraballo Cueto se deben implementar requisitos más específicos para las empresas establecidas a traves de estas leyes, entre estos el requisito de exportación.

El tambien director del Centro de Información Censal de la UPR recinto de Cayey indicó que el 94% de los economistas en Puerto Rico consideran la exportación como un medio necesario para estimular el desarrollo económico. ‘No puedes quedarte 20 a 30 años sin crecer por que entonces se convierte en mantengo corporal’, apuntó Caraballo Cueto sobre las corporaciones que en ocasiones pasan decadas sin promover ningún impacto económico significativo.

Pero, para Ríos Mendez el beneficio de las Leyes 20 y 22 no recae solo en lo económico sino que promueven un intercambio academico indispensable cuando las empresas establecidas mediante estos estatutos traen consigo no solamente empleos, sino conocimientos de tecnicas y metodos ajenos a los puertorriqueños. A su vez, el abogado opinó que una mejora en el sistema educativo en conjunto con las ofertas de estas leyes pondrían a Puerto Rico en la mira mundial de inversionistas.

Por su parte, Caraballo Cueto insistió en la necesidad de una política industrial que no dependa únicamente en la otorgación de incentivos. ‘Si el país va a depender de la ley 22 para echar adelante va a ser un fracaso’, aseguró mientras abundó que, ‘no tengo problema con las exenciones, yo lo que tengo problema es que el pueblo no sea al que le cueste’.