La casa de inversiones UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico enfrenta $1,500 millones en reclamaciones de sus clientes por perdidas y mala asesoría, de los cuales ya ha resuelto $284 millones en acuerdos o arbitraje, según divulgó el propio UBS en una comunicación reciente al mercado financiero.

Las alegaciones que se han resuelto incluyen fraude, mala representación de las inversiones y préstamos no adecuados. Además de las reclamaciones de clientes individuales, UBS enfrenta varios pleitos judiciales, incluso de clase, tanto en los tribunales de Puerto Rico como en el federal entre los que resalta el relacionado a la emisión de sobre $3,000 millones en la Administración de los Sistemas de Retiro y en la que se alega violación de deberes fiduciarios. De hecho, la previsión de gastos de litigio que tuvo que hacer UBS Puerto Rico significó una reducción de 73% en su margen de ganacias.

Tras la publicación original de esta historia, UBS dijo que los $284 millones divulgados no son la cantidad pagada, pero rehusaron aclarar el monto que pagaron para resolver esas reclamaciones.

La divulgación de UBS pone en entredicho el trabajo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que en 2014 resolvió decenas de reclamaciones de clientes de UBS mediante un paquete de compensación de $1.6 millones a clientes a los que no se les permitió conocer ni siquiera qué era lo que la OCIF estaba resolviendo y por lo que el regulador enfrenta una reclamación legal de acceso a la información. Según la divulgación al mercado de UBS, la compensación directa a clientes a través de la pesquisa de la OCIF aumentó luego por $2.1 millones para un total de $3.6 en restitución. Unido a $3.5 millones pagados para un fondo de ‘educación’ a inversionistas, UBS resolvió las reclamaciones del regulador con $7.1 millones, pero van por $284 millones los pagos a los clientes que reclamaron directamente.

En el documento, UBS también dice que las pesquisas sobre Puerto Rico, que ya incluyeron acciones administrativas en la Comisión federal de Intercambio de Valores (SEC) resueltas a favor de exejecutivos como Miguel Ferrer, todavía tienen pendiente vertientes criminales.

‘También entendemos que (el Departamento de Justicia federal) está conduciendo una pesquisa criminal sobre la reinversión impermisible de los ingresos de préstamos ‘non-purpose’. Estamos cooperando con las autoridades en esa pesquisa’, se dice en el documento.

Otro evento que puede seguir afectando las operaciones de UBS en Puerto Rico es la crisis fiscal del gobierno y la posibilidad de que las corporaciones públicas puedan acogerse a la llamada ley de quiebra criolla que está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo federal. ‘[C]ualquier acción adicional tomada por las corporaciones públicas de Puerto Rico bajo esa ley, así como cualquier reacción del mercado sobre esto, puede aumentar el número de reclamaciones en contra de UBS sobre las inversiones de Puerto Rico así como los daños reclamados’, indica.

*Editado para añadir reacción de UBS.

Divulgación de UBS al mercado sobre Puerto Rico – NotiCel_17376