El camino que atajará el gobierno ‘en un futuro cercano’ para solucionar el problema de liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y cumplir con sus obligaciones constitucionales de pagar la deuda fiscal, representa una movida arriesgada que podría culminar con un aumento del deficit del país y con el incumplimiento de pago de los elevados intereses que exigen los inversores en el mercado de bonos.

Así lo contempló la economista Martha Quiñones, quien, sin embargo, aseguró que el gobierno no tiene otra opción puesto que tiene entre dos y seis meses para pagar cerca de $950 millones en pagos acelerados.

La cantidad que el Gobierno debe suministrar a los bonistas equivale a un 45% del presupuesto del Departamento de Educación y a un 63% del presupuesto anunciado para el Escudo Costero.

Una reestructuración que modifique los términos de la deuda no sería factible si el gobierno no tiene crédito, ni efectivo en caja, consideró Quiñones. La emisión permitiría, de esta forma, que el gobierno pueda aplazar el pago total del préstamo.

El pedido de $3,500 millones en el mercado de bonos supone, sin embargo, un riesgo adicional debido a que el gobierno alcanzaría el límite de deuda de hasta 15% que permite la ley.

‘Todo está al límite. Si sucede algo extraordinario no vas a poder tomar prestado. Si la economía de repente se estanca, el Gobierno no tiene forma de salir’, abundó Quiñones.

Reevalución del IVU

El economista, Elías Gutiérrez, cuestionó lo que el gobernador Alejandro García Padilla llamó ‘reevaluación del Impuesto de Ventas y Uso (IVU)’ como parte de las medidas que estará implementando su gobierno para aumentar los ingresos. Gutiérrez opinó que la llamada reevaluación es un disfraz debido a que el gobierno ya ha anunciado que desde julio de 2014, el IVU se va a empezar a cobrar en el muelle, cuando la mercancía entra. ‘Eso es una tarifa de importación o un arbitrio. Es una incongruencia porque un IVU, que quien lo paga es el consumidor, no puede ser cobrado en el principio de la cadena, en el muelle’, comentó.

Quiñones, por su parte, argumentó que si el gobierno desea realmente mover la inversión y el empleo a través del incentivo a las empresas locales debe comenzar por eliminar la Patente Nacional, que tanto afecta a los comerciantes del país. Este impuesto sobre el ingreso bruto agrava – coincidió el economista Sergio Marxuach – la brecha de desigualdad entre el empresario local que está pagando una tasa de 80% versus una compañía extranjera que termina pagando sólo el 39%.

Quiñones agregó que el problema no necesariamente está en el IVU, sino en la deficiencia del Departamento de Hacienda para obtener el recaudo y lidiar con la evasión contributiva. ‘Si logran capturar el 50% del IVU tendrían dinero’.