El caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho es de alta prioridad para el nuevo gobierno, por lo que la próxima semana habrá una reunión entre todos los componentes de seguridad pública involucrados en resolver el misterioso caso, para encarrilarlo y evaluar si se pueden radicar los cargos criminales correspondientes.

Así lo aseguró a NotiCel el designado secretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances.

‘Hay una sinergia entre todos los componentes de seguridad pública de que hay que meterle mano y encarrilar esto lo más rápido posible’, aseguró Sánchez Betances a este diario digital.

El titular de Justicia indicó que se reunió la semana pasada con el superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, con quien discutió el asunto, aunque todavía no ha recibido entrega formal del informe que hizo para la Policía _a petición del propio Pesquera_ un perito estadounidense que evaluó el expediente policíaco del caso.

Pesquera indicó a NotiCel que se reunirán nuevamente a reevaluar todo el caso ‘para ver dónde estamos’.

Pero Sánchez Betances fue enfático en que la reunión entre los agentes investigadores, fiscales y otros funcionarios de Justicia será para encarrilar la pesquisa para llevar un caso a los tribunales.

‘Más que para ver dónde estamos, la reunión es para establecer hacia dónde vamos’, indicó Sánchez Betances.

El designado Secretario de Justicia no ha examinado el expediente del caso Lorenzo que obra en el su agencia.

‘No he examinado el expediente (fiscal) del caso, pero no creo que se haya quedado en un limbo. La fiscal que está a cargo (Wanda Casiano) es muy diligente y está bien activa’, afirmó Sánchez Betances.

Los cuatro sospechosos del asesinato que consternó al pueblo puertorriqueño son: la madre Ana Cacho, el ingeniero Jesús Genaro Camacho, el agente federal de ICE, William Marrero, y Arnaldo Colón, quien no ha sido entrevistado por las autoridades.

Justicia no ha presentado cargos contra ninguno de los señalados.

El asesinato del menor ocurrió en marzo de 2010 en la residencia de su madre en Dorado del Mar.

Cacho ha repetido hasta la saciedad que no sabe quién mató a su hijo esa noche en su casa, a pesar de que ella se encontraba en el hogar cuando ocurrió el vil crimen.

Tras el asesinato, el Departamento de la Familia removió con éxito a las otras dos hijas que procreó con su ex esposo Ahmed Alí González, a quien el tribunal le concedió la custodia de ambas menores.

Recientemente, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia adversa contra Cacho que no le permite tener contacto físico y personal con sus hijas.

El Supremo confirmó así una determinación del Tribunal de Menores de Bayamón que suspendió las relaciones maternas filiales con las niñas, quienes serían potenciales testigos en el caso criminal.

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