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Encaminada para verano la resolución de la quiebra de AEE

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La jueza de quiebras rechazó como “prematuras” la mayoría de las objeciones que se levantaron en torno al documento con el que la Junta de Supervisión Fiscal inicia el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda.

La posible confirmación de un plan de ajuste de deuda (PAD) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quedó encaminada para verano después de que el martes la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, descartara múltiples objeciones y aprobara la Declaración Informativa (DI) que inicia el proceso de confirmación del plan.

La DI es el documento que se envía a todas las clases de acreedores que pueden votar sobre el PAD propuesto. Son solo los acreedores, no los abonados de la AEE, los que pueden participar. Se supone que el documento provea información adecuada sobre la condición financiera de la corporación pública, sus proyecciones y lo que lleva a la propuesta de recortar la deuda.

Como señalaron varios opositores durante la vista de evaluación que duró todo el día, de todos los procesos de reestructuración de deuda en el gobierno de Puerto Rico, este DI es el que ha llegado a su vista de evaluación con la menor cantidad de apoyo o acuerdos consensuales entre acreedores. Incluso, se le pidió a la jueza que descartara de plano la DI propuesta y devolviera el proceso a una mediación que lleva paralizada meses.

Pero la jueza, quien desde el año pasado expresó su meta de conseguir un PAD confirmado en la AEE para este verano, desestimó las objeciones y dio paso a la DI propuesta. En la mayoría de las instancias, la jueza señaló que las objeciones eran “prematuras” y pertenecían realmente al proceso que debe seguir ahora, el descubrimiento de prueba de cara a la vista de confirmación del PAD. Por tanto, no necesariamente es lo último que se ha escuchado sobre las objeciones descartadas el martes.

“El récord no está suficientemente desarrollado”, dijo la jueza, quien tiene pendiente también emitir una decisión sobre el alcance de las garantías que tienen los acreedores de la AEE y si sus reclamaciones de repago son limitadas o no.

La fecha de confirmación se mantuvo preliminarmente para entre el 31 de mayo y el 21 de junio.

Cuando se toma en cuenta el plan de pensiones de los empleados, la AEE tiene una deuda de $14,000 millones. Una de las objeciones a la DI fue que no se ha especificado cómo se va a manejar, precisamente la deuda del plan de retiro, el cual está proyectado a quedarse sin activos para pagar pensiones en mayo.

Separando las pensiones, la deuda es de unos $10,000 millones y el PAD propuesto ofrece repagar $5,680 millones, principalmente mediante un nuevo cargo fijo de $13 por abonado residencial y dos cargos adicionales que dependen del consumo. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha dicho que ese aumento todavía mantiene los costos de energía por debajo del 6% de ingreso promedio de los residentes de la isla pero en la vista el abogado del ente fiscal, Martin Bienenstock, pareció descartar este barómetro al decirle a la jueza que, “francamente, es un criterio que se usa en estados de Estados Unidos que son mucho más ricos que Puerto Rico”.

La abogada de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Zoé Negrón Comas, observó que en la DI no hay un análisis de si los abonados pueden pagar los cargos nuevos propuestos y pidió a la jueza que recordara que la AEE “es el salvavidas de Puerto Rico, aún en su estado deteriorado actual”.

El PAD propuesto fue sometido “por despecho y falta de interés”, atacó Susheel Kirpalani, el abogado de la aseguradora de bonos Syncora, quien participó en la reestructuración de COFINA y del gobierno central, y subrayó a la jueza cómo en aquellas reestructuraciones hubo mucho más consenso con acreedores que en esta.

Una de las pocas modificaciones que ordenó Swain a la DI es integrarle información sobre la intervención que tiene el Negociado de Energía (NE) en el proceso de aprobar cualquier nuevo cargo en la factura de energía y también una explicación de las capacidades de la Legislatura sobre los contratos de alianzas público privadas como el de LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía y el de Genera PR para la generación.

Vea:

La Junta de 2017 pensaba que lo que la Junta de 2023 propone es insostenible

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