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Empresa en consorcio privatizador de generación a punto de costarle $34.5 millones a abonados

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Empresa en consorcio privatizador de generación a punto de costarle $34.5 millones a abonados

27 de noviembre de 2021 - Conferencia de prensa del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero Josué Ortiz, sobre paralización del descargue de combustible a la Central Termoeléctrica de San Juan por PUMA Energy y orden del Tribunal de San Juan a esos efectos.

El “proponente preferido” para la privatización de la generación de energía está integrado por una empresa que tiene una deuda con la AEE que no ha sido cobrada y que está a punto de pasársele a los abonados.

Una de las empresas que integra el “proponente preferido” para la privatización de energía en la isla, bajo un contrato que ya está recibiendo aprobaciones de las entidades de gobierno pero que no ha sido publicado, está a punto de costarle $34.5 millones a los abonados por una deuda que no le ha pagado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Genera PR es el consorcio que fue calificado como “proponente preferido” por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) en el proceso de selección del operador privado de toda la generación de energía eléctrica en la isla. Ese proceso se completó y ya la AAPP dio su aval al contrato, pero los detalles, incluyendo la identidad del operador, no se ha confirmado oficialmente. El operador tendrá la responsabilidad de manejar 17 plantas con capacidad para generar 3,600 megavatios, pero en condiciones en las que apenas pueden realmente producir la energía diaria para suplir la demanda diaria.

El consorcio lo componen Black & Veatch, Peak Energy y NFR Energía LLC. La matriz de esta última es New Fortress Energy (NFE), y ya tiene relaciones con la AEE como suplidor de gas natural para las unidades San Juan 5 y San Juan 6. En esa capacidad, y desde junio de 2021, NFE ha incumplido en varias ocasiones su contrato de suplido, provocando que la AEE tenga que recurrir a comprar diésel para correr esas unidades. Por virtud del contrato de suplido, se supone que NFE pague a la AEE por los costos adicionales en los que incurrió cuando tuvo que sustituir el gas no entregado por diésel.

Todavía hoy, más de un año y medio después, la empresa debe a la AEE unos $34.5 millones por ese concepto y, según una resolución del Negociado de Energía (NE) del 29 de diciembre pasado, la AEE tenía hasta el viernes pasado para explicar sus gestiones de cobro, o el regulador ordenaría que el dinero se recobre directamente de los abonados, con el propósito de cuadrar las finanzas de la corporación pública.

Como ha hecho durante meses, la AEE se limita a informarle al NE que “continúa evaluando las estrategias posibles a seguir para esta reclamación”. “En cumplimiento con las órdenes aplicables, la Autoridad informará a este Negociado oportunamente de cualquier desarrollo en relación a la reclamación y las vías de recobro”, dijeron en una moción ante el NE.

El consorcio se conocía como Encanto Power LLC desde marzo de 2020, pero cambió a Genera PR en noviembre de 2021, cuando ya estaba encajada esta controversia con la AEE de los pagos por gas que no fue entregado.

Para el representante del interés público en la Junta de Gobierno de la AEE, el ingeniero Tomás Torres Placa, lo llamativo de que NFE esté involucrado en el consorcio aparentemente ganador de la privatización de generación a pesar de su incumplimiento no es necesariamente la cantidad de dinero de la deuda, sino que las circunstancias que provocaron el incumplimiento todavía están vigentes. Torres Plaza explicó que hay problemas de suplido mundiales que surgieron durante la pandemia y, luego, por la crisis energética que desató la guerra de Rusia a Ucrania. Ambos siguen siendo factores vigentes que afectan el mercado de energía.

“Sin el ambiente haber cambiado, vamos a delegar toda la compra de energía en un privado que va a empezar su primer año en medio de una crisis”, subrayó.

Según una comunicación de la AEE a la Junta de Supervisión Fiscal en diciembre, hubo otro incumplimiento de contrato de NFE en octubre de 2021, cuando hicieron una suspensión de suplido por supuestas necesidades de mantenimiento. Pero los avisos por esas razones deben ocurrir con una notificación de seis meses de antelación, y en esta ocasión fue solo con 25 días de antelación.

Tras la publicación original de esta historia, NFE hizo expresiones por escrito.

“NFE está en cumplimiento con el contrato entre las partes y ha suministrado los volúmenes de combustible que la AEE ordenó a través de nuestro proceso contractual. NFE no tiene reclamaciones pendientes bajo el contrato existente. Tenemos una gran relación con la AEE y mantenemos una robusta coordinación operativa en torno a los períodos de mantenimiento programado, interrupciones planificadas e incluso no planificadas”, planteó su portavoz, Jake Suski.

“El cambio de diésel a gas natural ha resultado en ahorros significativos en costos de combustible y beneficios ambientales. Estamos orgullosos de brindar este servicio crítico y entregar un suministro confiable de combustible para la AEE”, añadió.

Bajo la dirección de José Ortiz, la AEE le adjudicó a NFE un contrato para suplir gas natural por cinco años (con posibilidad de extenderlo hasta 20 años) con valor de $1,500 millones. El proceso fue objeto de una demanda por parte de un competidor, PUMA Energy, y se estableció que el cabildero King & Spalding trabajó con ese proceso bajo un contrato con la AEE y luego uno de sus abogados salió del bufete y se integró a las operaciones de NFE. Como parte del contrato, NFE establecería unas operaciones en los muelles A, B y C en la Bahía de Puerto Nuevo en San Juan para recibir el gas, pero las mismas están impugnadas ante la Comisión Federal Regulatoria de Energia (FERC), porque fueron construidas sin permiso de esa agencia.

En el caso de quiebras del gobierno de Puerto Rico, el abogado Carlos Lamoutte levantó cuestionamientos que incluyen a NFE en una lista de cuatro jugadores privados del sector de energía en Puerto Rico que han adquirido los servicios del mismo bufete de la Junta (O’Neill & Borges) y del mismo asesor principal del ente fiscal (McKinsey & Co.). El tribunal ha desestimado estos reclamos por entender que el abogado no tiene legitimación para plantearlos en el caso.

Vea:

Entre molestar a la Junta o a un suplidor de combustible, la AEE molesta a la Junta

Puerta giratoria entre evaluador de proyectos de renovables en AEE y gas natural

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