Ante el peligro de que los servicios de representación legal gratuita a miles de personas de escasos recursos económicos que brinda Pro Bono, Inc. se vean dramáticamente mermados, la Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón, radicó hoy la Resolución Conjunta del Senado #279 para asignar la cantidad de $300,000.00 de fondos no comprometidos del Fondo General.

‘Pro Bono, Inc., es un programa sin fines de lucro administrado por el Colegio de Abogados, que anualmente asiste a unas 7,500 personas. Diversas circunstancias (la eliminación de la colegiación compulsoria, el ‘secuestro’ de fondos federales) lo han llevado a una reducción drástica que resultará en una dramática merma de sus servicios. Le solicito a la mayoría parlamentaria en el Senado que dé paso con urgencia a esta medida para evitar que el acceso a la justicia en nuestro país se vea más limitado aún de lo que está’, manifestó Santiago Negrón.

La Senadora independentista advirtió en la exposición de motivos de su medida que no atender esta situación tendría como consecuencias el cierre de varias oficinas regionales y la cesantía de cinco abogados de los nueve que coordinan los servicios con los más de tres mil abogados y abogadas que de forma voluntaria están adscritos al programa. De ser así, apenas la mitad de los casos podrán ser atendidos.

‘La carencia de representación legal significa, para quien no puede costear los servicios, la imposibilidad de reclamar derechos fundamentales a través de una de las ramas constitucionales, contribuyendo así al aumento de la desigualdad social. Pro Bono ha prestado servicios desde el 1981, en un importante esfuerzo para reducir esa desigualdad. Ante tal situación, es menester que esta Asamblea Legislativa atienda con carácter de emergencia la situación que está atravesando Pro Bono Inc., asignándole la cantidad de $300,000 provenientes de fondos no comprometidos del Fondo General producto del exceso de las recaudaciones por encima de los gastos asignados al Departamento de Justicia en la Resolución Conjunta Número 17 del 30 de junio de 2013’, puntualizó en su resolución la también Vicepresidenta del PIP.