Buenos Aires.- Una orden judicial que contravino una sentencia del Tribunal Supremo e impidió hoy la práctica de un aborto a una mujer violada y víctima de trata de personas en Buenos Aires, desató una intensa polemica política y social.

La controvertida decisión judicial responde a un amparo de la ONG Pro-Vida para impedir la interrupción del embarazo de una mujer de 32 años.

La operación estaba llamada a ser el primer aborto no punible realizado en un hospital público tras la reforma legal aprobada por la legislatura porteña.

En la resolución, la juez Myrian Rustán ordena la suspensión del aborto y considera que las autoridades sanitarias deben proveer ‘asistencia física y psíquica a la paciente’, según explicó el abogado de la ONG, Pedro Andereggen, a la agencia estatal Télam.

El amparo contradice la sentencia de la Corte Suprema de Argentina, que despenalizó el aborto en el caso de violación mediante una sentencia del pasado mes de marzo.

El abogado de Pro-Vida aseguró que el fallo del máximo tribunal argentino ‘no es obligatorio’ y confirmó que la demanda de esta organización está dirigida ‘a favor del niño por nacer’.

El ministro de Sanidad argentino, Juan Manzur, señaló que el caso se encuentra fuera de sus competencias, ya que el hospital donde estaba programada la intervención es de titularidad municipal, y calificó como ‘sublevación’ la sentencia de la jueza.

‘Acá hay una jueza nacional que se ha sublevado, que es la que ha emitido esta medida, desoyendo lo que establece la Corte Suprema de Justicia vinculada a los casos de aborto no punible. Ni la jurisdicción ni la capacidad de resolver este caso puede invocarse al Gobierno nacional’, explicó a la cadena televisiva C5N.

La polémica se trasladó a las puertas del hospital, donde se manifestaron activistas de grupos antiabortistas y de organizaciones feministas para defender sus argumentos en contra y a favor del aborto.

‘Responsabilizamos al gobierno porteño por haber hecho público el lugar donde se iba a hacer la interrupción del embarazo, porque eso permitió a esta organización de la iglesia católica victimizar a esta mujer’, declaró Manuela Castiñeira, de la Agrupación Mujeres Las Rojas, a medios locales.

Tras un proceso parlamentario que demoró cinco años, la legislatura porteña aprobó la pasada semana una ley que despenaliza el aborto en casos de violación o riesgo para la salud de la madre.

Sin embargo, el alcalde Mauricio Macri anunció su intención de vetar la norma por considerar que ‘excede’ lo establecido por la Corte Suprema, pero aseguró que se mantenía en vigor la legislación que permite el aborto con autorización judicial.

El Código Penal argentino habilita los abortos en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, aunque el artículo suscita diferentes interpretaciones entre jueces y médicos.

En Argentina se registran alrededor de 500.000 abortos cada año, según estimaciones oficiales.