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El Tribunal Supremo concedió diez días para que los interventores en la demanda para declarar inconstitucional la ley que restituyó la colegiación compulsoria presenten sus alegatos.
Las juezas Maite Oronoz, Anabelle Rodríguez, así como la jueza presidenta, Liana Fiol Matta, expresaron no ha lugar sobre la petición de intervención.
De otro lado, no se informó de una resolución sobre la petición del Departamento de Justicia para que reconsiderara su interdicto sin vista previa para decidir sobre el caso, paralizando los efectos de la ley.
En su moción el Estado solicitó que se deje sin efecto el dictamen de certificación y se le conceda la oportunidad de contestar la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia o que, en la alternativa, se designe un Comisionado Especial para atender la presentación de alegaciones responsivas y la prueba que se estime necesaria.
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