WASHINGTON – La nueva versión del proyecto de ley congresional que permitiría reestructrurar la deuda pública de $73 mil millones de Puerto Rico se atrasó otra vez hoy, viernes, dando indicios claros de que aún no resuelven varios puntos de impasse.

Este nuevo atraso parece desplazar una votación en el pleno de la Cámara de Representantes federal sobre medidas para arreglar la crisis fiscal de la Isla hasta principios de junio, pocas semanas antes de asomarse otro posible impago de $2 mil millones el 1ro de julio.

Aunque expresó que el Congreso está ‘corto de tiempo’ para resolver lo que es ‘una crisis de ahora’ y no del futuro, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, le restó importancia al atraso el viernes en un desayuno con periodistas y catalogó las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso como ‘una conversación de buena fe’.

‘La sustancia es más importante que cuando se implemente el plan, siempre y cuando se complete a tiempo para Puerto Rico,’ expresó Lew. ‘Es mejor esperar un día e intentar de llegar a un acuerdo’, añadió.

Luego del impago de $367 millones del servicio de la deuda el 1ro de mayo, incrementó la presión para que el Congreso, particularmente el Comité de Recursos Naturales, terminara de elaborar la nueva versión del proyecto de ley cuya votación fue cancelada a mediados de abril por falta de apoyo de republicanos conservadores y demócratas.

Declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro, así como visitas a Puerto Rico esta semana por parte del SecretarioJacob Lew, y del líder demócrata en el Comité, el representante Raúl Grijalva, de Arizona, el liderato republicano había apuntado que la medida revisada se presentaría el miércoles.

Pero el pulseo entre los republicanos conservadores y acreedores, por una parte, y del Tesoro y los demócratas, por otra, ha hecho más difícil la elaboración del proyecto pese a la los reclamos urgentes para que el Congreso tome acción.

El presidente del Comité, representante Rob Bishop de Utah, planificaba presentar el nueva propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) esta semana para someterlo a votación el próximo miércoles 18 de mayo. Con este atraso, la medida no será presentada y discutida hasta la próxima semana y el voto podría aplazarse hasta la semana corta del 23 de mayo, solo tres días antes del que la Cámara entre en receso el 26 de mayo hasta el 7 de junio.

De aprobarse para principios o mediados de junio, quedarían solo semanas para que el Senado, conscientes de la fecha en que vence el próximo pago de la deuda en Puerto Rico el 1ro de julio, obtenga el proyecto de ley y haga lo suyo.

Aunque Bishop y el portavoz de la Cámara, Paul Ryan, insisten en que están ‘muy cerca’ y lo que queda por completar son aspectos técnicos menores, los atrasos continuos desde mediados de abril y las declaraciones de varias de las partes, parecen indicar que los escollos que hay que superar son mayores.

La líder cameral Nancy Pelosi afirmó el miércoles que la versión del proyecto de ley que fue mostrado a los demócratas ‘no fue algo que podemos apoyar’ por lo que se necesitan más negociaciones. Grijalva y otros demócratas han dicho que la transferencia de 13,000 acres en Vieques a Puerto Rico para propósitos de desarrollo económico, y un salario mínimo de $4.25 la hora para empleados de 25 años o menos, eran puntos inaceptables para la gran mayoría de sus colegas.

Los acreedores y republicanos conservadores que están de acuerdo con ellos siguen luchando contra cualquier medida que permita que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda y que los obligue a someterse a tal proceso por la vía judicial, lo cual aseguraría una reducción sustancial en las ganancias que proyectaron obtener al comprar los bonos.

Además, los republicanos conservadores rechazan con vehemencia que se otorgue trato preferencial a las pensiones de los jubilados en un reestructuración sobre la prioridad que se le asigne a las clasificaciones de la deuda masiva a la hora de pagar. Aparte de los $73 mil millones en deuda pública, parte de ella en bonos de obligación general cuyo pago es protegido por la Constitución de Puerto Rico, el gobierno tiene otros $46 mil millones en obligaciones por pensiones que no están completamente aseguradas financieramente.

El portavoz para el comité, Parish Braden, le expresó a la Reuters que la elaboración del nuevo proyecto progresa aunque necesita refinar el lenguaje en algunas partes, y no contiene cambios mayores a los aspectos fundamentales de cómo resolver la crisis.

‘El proyecto nuevo ya protege las prioridades de los acreedores y las obligaciones ya existentes por ley’, afirmó Braden. ‘La integridad de la jerarquía de los acreedores será preservada’, aseguró.

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