Florida es el estado de preferencia para mudarse.

A seis meses del paso de María por Puerto Rico, la fase de emergencia queda atrás entrando a la recuperación y reconstrucción a largo plazo. Sin embargo, el fenómeno del exodo post huracán y la consiguiente despoblación del país son circunstancias que obligan a un mayor estudio y entendimiento de las consecuencias de este hito histórico que cambia la diáspora como se conocía hasta ahora, según concluye un reciente estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York.

Entre 2017 a 2019, Puerto Rico pudiera perder hasta el 14 por ciento de su población o 470,355 residentes. Esto representa casi la misma cantidad de emigrantes entre 2006 a 2016, antes del reciente exodo.

Más de 135,000 ciudadanos se ubicaron en distintos estados luego de la emergencia dejada por el fenómeno atmosferico. Datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles) confirman el patrón de preferir estados del noreste y sureste, siendo Florida el favorito, donde matricularon 11,544 estudiantes puertorriqueños. A su vez, el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico indica que entre 2018 a 2022 cerrarán 305 escuelas ante la baja matrícula, cuando se estima que 9% de disminuya.

En cuanto al impacto fiscal a largo plazo, estimados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) calculan un declive de 20% en la economía para los meses subsiguientes a la tormenta.

Sin embargo, investigadores de ‘Climate Impact Lab’ describieron a María como un evento entre tres mil por la severidad de su impacto económico a largo plazo. Sus estimados toman en cuenta el costo de los ciclones por los pasados 60 años aplicado a las condiciones pre tormenta. Sus hallazgos apuntan que ‘María pudiera reducir los ingresos por 21 por ciento para los próximos 15 años, acumulando unos $180,000 millones de perdidas’.

Por otro lado, tampoco se tienen cifras exactas de las viviendas fueron afectadas y cuántas serán o fueron asistidas por FEMA. Estimados preliminares indican 250,000 viviendas afectadas; 70 mil de estas completamente destruidas y otras 300,000 con daños significativos. FEMA, por su parte, indica que recibió solicitud de asistencia a 1.1 millones de familias.

Asimismo, no existen cifras precisas de cuántos ciudadanos viven en propiedades sin tener su título. Estas familias han quedado desamparadas de toda ayuda federal al no poder probar que poseen el lugar donde viven a FEMA.

La Administración de Vivienda local estima que en solo tres municipios unas 11 mil familias no tienen título de propiedad, en contraste con la Asociación de Contratistas Generales, que calcula que 55% de las unidades de vivienda en Puerto Rico no tienen permisos de ningún tipo.

‘La recuperación y reconstrucción incluyen el desarrollo de vivienda permanente, incrementar la resiliencia de las viviendas existentes, atajar la deuda pública, revitalizar el debilitado sistema electrico, reconstruir negocios, implementar estrategias de revitalización económica e implementar estrategias de mitigación. A largo plazo, la recuperación de Puerto Rico a largo plazo se debe afrontar más temprano que tarde’, advierte el informe de seis meses del Centro de Estudios Puertorriqueños.

Hasta ahora, los alivios de respuesta y recuperación provenientes de fondos federales se estiman en $23,200 millones. No obstante, estos fondos no son únicamente para Puerto Rico, si no para otros territorios tambien afectados por desastres ocurridos en 2017.

La percepción del mal manejo y corrupción gubernamental local permea en la Legislatura estadounidense afectando las decisiones políticas en torno a la otorgación de ayudas. Aunque el gobierno estatal creó la Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (CRRO), bajo la sombrilla de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), no queda claro cómo trabajará con la Junta de Control Fiscal (JCF) para garantizar la transparencia y fiscalización que han exigido tanto congresistas como el Departamento del Tesoro.

Entretanto, el estudio tambien destaca que a seis meses se desconoce la verdadera cantidad de muertes a consecuencia del huracán y tampoco se sabe por que demora tanto la recuperación completa de servicios básicos como electricidad y agua potable.

Lea el estudio divulgado por Hunter College a continuación.