El efecto que debe tener el Memorando de Entendimiento firmado por agencias federales es que la reconstrucción de la red eléctrica en PR ocurra sobre bases científicas.

El Memorando de Entendimiento (MOU en inglés) que firmaron la semana pasada varias agencias federales y el gobierno de Puerto Rico para enmarcar el uso de $12,000 millones en fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica busca que las alternativas para invertir esos fondos sean más transparentes y diseñadas sobre bases científicas probadas.

En entrevista con NotiCel, la jefa de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía (DOE en inglés), Pat Hoffman, explicó que el acuerdo busca traer transparencia a la discusión sobre cómo alcanzar la meta de política pública de Puerto Rico de que el 100% de la energía venga de fuentes renovables para 2050.

Afirmó que el acuerdo no cambia el proceso decisional ni los roles que cada entidad federal y estatal tienen, pero sí busca poner todas las cartas sobre la mesa para que los datos científicos sirvan de referencia en esos procesos decisionales.

El elemento principal del acuerdo es la realización de un estudio llamado PR100, que estará a cargo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable junto a los laboratorios nacionales de Argonne, Lawrence Berkley, Oak Ridge, Pacific Northwest y Sandia. El estudio resultará en la presentación, para diciembre de este año, de tres escenarios posibles para que la isla alcance la meta de 100% renovables para el 2050. Las alternativas van a estar evaluadas desde el punto de vista científico, económico y también regulatorio.

Una fuente del Laboratorio Nacional que habló con NotiCel con la condición de no ser identificada opinó que es posible cumplir con la meta del 2050, aún considerando que ya estamos atrasados porque actualmente solo producimos el 3% de la energía de fuentes renovables. Añadió que su equipo conoce la situación de Puerto Rico, ya han examinado datos locales, como el Plan de Recursos Integrados que produjo la Autoridad de Energía Eléctrica y que cubre 10 años de inversiones en infraestructura energética.

También, la fuente aseguró que el paso rápido en avances tecnológicos permitiría llegar a la meta de renovables sin tener que contar tanto con el gas natural, como ha propuesto el Gobierno de Puerto Rico y como está ejemplificado en el contrato billonario otorgado de manera controversial a New Fortress Energy.

Hoffman explicó que el estudio ayudaría a que los encargados de tomar decisiones, como la Junta de Supervisión Fiscal, el Negociado de Energía y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, "afinen su entendimiento" sobre los pros y contras de los distintos escenarios y de las opciones para cumplir con la meta establecida en la Ley 17 de 2019. Subrayó que el trabajo bajo el MOU va a "complementar el trabajo que está realizando LUMA... vamos a evolucionar la estrategia", en referencia al operador privado que está encargado contractualmente de supervisar el trabajo de reconstrucción de la red.

"No es nuestra meta cambiar la ley en Puerto Rico, nuestra meta es educar dentro del marco de la ley", dijo la funcionaria a preguntas de si un resultado del estudio puede ser recomendar cambios en la ley o una posposición de la meta. "No vamos a escoger el escenario, vamos a informar y aconsejar. (Los encargados de la red) tienen que mirar los costos, los cambios requeridos en política pública y el mantenimiento a largo plazo", dijo la fuente de los laboratorios nacionales al confirmar que nunca antes habían aplicado su método a un esfuerzo de reconstrucción de la magnitud de la que les presenta Puerto Rico.

El plan de trabajo en PR100 está informado por la experiencia de los laboratorios nacionales en Hawaii que, como isla, es el escenario más parecido a Puerto Rico bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, así como un estudio similar que realizaron para la ciudad de Los Angeles y en el que se pudieron perfeccionar los modelos científicos, así como el elemento de participación comunitaria que define la propuesta. La fuente de los laboratorios nacionales enfatizó en la importancia de la participación ciudadana porque una de las metas es reconstruir con una perspectiva de justicia ambiental, que quiere decir tomar en cuenta las necesidades de las comunidades, especialmente las que se pueden quedar atrás en un esfuerzo de reconstrucción.

En esa línea, el DOE realizará una conferencia virtual para la comunidad sobre este acuerdo el 16 de febrero a las 12 del mediodía y el registro se puede hacer a través de este enlace.

La rápida adopción en la isla de la tecnología de placas fotovoltaicas y baterías de almacenaje como una opción al poco fiable servicio de la AEE y ahora LUMA es uno de los elementos que el estudio tomará en cuenta, dijo la fuente. De hecho, un análisis de fines de enero de la firma de inversiones financieras Goldman Sachs resaltó que Georgia y Puerto Rico son dos de los mercados de mayor crecimiento para la energía solar actualmente en Estados Unidos.

Después del anuncio del acuerdo, la congresista demócrata puertorriqueña, Nydia Velázquez, y el oficial retirado del Ejército, Russel Honore, quien estuvo a cargo de la recuperación en Nueva Orleans tras el huracán Katrina, firmaron una columna de opinión en la que reclamaron que los fondos federales de reconstrucción de la red eléctrica se usen en programas de placas fotovoltaicas en los techos y alamcenamiento de energía en baterías como el que impulsan las organizaciones Cambio y Queremos Sol. Estos grupos han presentado estudios que indican que se puede alcanzar un 75% de consumo de energía mediante la instalación de placas y baterías para 2035.

“Este acuerdo impulsará a Puerto Rico en una dirección de sustentabilidad y equidad energética. El documento proporciona un marco de trabajo para construir comunidades resilientes en toda la isla mediante la producción de energía renovable, dando a Puerto Rico una solución a largo plazo para la crisis energética”, reaccionó, por su parte, el gerente senior de Transición Energética para el Environmental Defense Fund, Agustín F. Carbó.

Además del DOE y el Gobierno de Puerto Rico, el MOU fue firmado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), bajo el cual opera la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

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