Tras una orden federal para mantener las medidas de seguridad de transporte de barcazas de gas que estuvieron vigentes por dos años, la AEE y AAPP dicen que eso ha creado un embargo.

Hace un mes, siete de los ocho pilotos que hacen las maniobras para transitar naves en la bahía de San Juan demandaron en el tribunal federal denunciando que la empresa New Fortress Energy (NFE) había abandonado unilateralmente y sin explicación las medidas de seguridad que habían estado vigentes por dos años para realizar el tránsito de sus barcazas con gas licuado, un combustible altamente volatil.

Dos semanas después de la demanda, y justo el día antes de la primera vista en el tribunal, la empresa retiró las cuatro remolcadoras con capacidad de 80 toneladas que eran la pieza clave de esa seguridad y que son las naves más pequeñas que, literalmente, escoltan y encaminan la barcaza en su entrada o salida de la bahía.

Ahora, tras cinco vistas en el tribunal y después de que la jueza emitiera una orden temporera para mantener las medidas de seguridad originales en lo que se dilucida el pleito, el gobierno interviene por primera vez para decir que no hay gas y que si no se deja entrar una barcaza, con medidas menos seguras, habrán apagones y se desestabilizará la economía.

Este es el punto central de una declaración bajo pena de perjurio que el zar de energía, Josué Colón Ortiz, sometió ayer a la jueza federal Silvia Carreño Coll, para justificar su intervención en el pleito. Esto, después de que el viernes pasado la jueza emitiera su orden temporera (TRO en inglés) para que la entrada de una barcaza, que estaba programada para el domingo, ocurriera bajo las medidas de seguridad originales de cuatro remolcadoras con capacidad de 80 toneladas cada una.

El pleito de los siete capitanes, llamados “prácticos” en el argot de la navegación marítima, es contra NFEnergía LLC (la subsidiaria de NFE que suple gas de manera casi exclusiva gas en la isla y controla el único punto de entrada del combustible en San Juan) y la Comisión de Practicaje (CPPR), que es la entidad del gobierno local que tiene injerencia en la regulación del tránsito marítimo. No abarcaba la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que son las que ayer pidieron intervenir y solicitaron una vista de inmediato para levantar el TRO del viernes.

Esa orden de la jueza ya subió al Primer Circuito de Apelaciones y ese foro declinó intervenir, precisamente por la naturaleza temporera, 14 días, del documento.

La propuesta principal de los demandantes, y que la jueza acogió con su orden, es que un accidente con las barcazas de gas de NFE en la bahía de San Juan pone en riesgo el lugar por donde entra el 75% de los bienes que consume la isla la cual, a su vez, obtiene por barco el 90% de los bienes que consume. Además, la demanda indica que las medidas de seguridad que se relajaron estaban diseñadas para barcazas de 30,000 metros cúbicos, pero NFE ya está usando naves de 145,000 metros cúbicos. Un aumento de 383%.

El tribunal “entiende que en este caso hay preocupaciones de interés público mucho más grandes en juego, como las vidas de los que viven en la isla de Puerto Rico, que pesan más, por mucho, el impacto monetario que pueda sufrir el demandado NFEnergia (subsiadiaria de NFE)”, dijo la jueza en la orden después de asegurar que no tenía otro recurso porque sus intentos porque las partes llegaran a un acuerdo no había rendido fruto.

Parte de la demanda de los capitanes fue describir cómo tuvieron que maniobrar el 12 de julio pasado cuando NFE ordenó retirar una barcaza y dejó sin gas a la isla como medida para presionar porque se le extienda un nuevo contrato de largo plazo para suplido de ese combustible. La maniobra provocó una “violación de estándares y prácticas marítimas seguras” que fue superada cuando los prácticos a cargo aplicaron el protocolo que se había desarrollado para el escenario en que el puerto no estaba disponible por presencia de un artefacto explosivo. Esa maniobra fue por capricho de NFE y fue descrita como un “chantaje” por el mismo gobierno.

Ahora, en la solicitud de intervención de ayer, la AEE y la AAPP plantean que NFE les dijo que, “en el futuro inmediato”, no van a estar disponibles las remolcadoras que antes se usaban y que la jueza ordenó que se mantengan.

“Consecuentemente, el TRO funciona, no como una medida temporera de seguridad, sino como un embargo total de gas natural en San Juan por al menos dos semanas. Puerto Rico no aguanta ese resultado”, dijeron al asegurar que no hay gas y que algunas unidades no están operando y otras lo están con diésel, lo que resulta en aumento de costos y de deterioro de las máquinas.

Aunque el mismo documento detalla que el apagón del lunes no tiene que ver con la falta de gas porque surgió de una falla en la central Aguirre, pero lo trajeron como un ejemplo de lo que puede pasar si se prolonga incapacidad de descargar el combustible.

“La AEE y la AAPP respetan la preocupación del tribunal por la seguridad marítima. Pero un requerimiento de seguridad que no se puede cumplir, y que por tanto impide el despacho de combustibles, es insostenible”, añade la moción de intervención al ofrecer también testigos que pueden afirmar que la maniobra con las barcazas se puede hacer con remolcadoras de menor capacidad a las que se usaron por dos años después de que hubieran otros dos años de simulaciones para contemplar los escenarios posibles en la bahía. Carreño ya escuchó testigos periciales de los demandantes antes de emitir el TRO.

La jueza otorgó hasta hoy a las 11:00 am para que las demás partes se expresen sobre esta solicitud.

Vea:

Jueza ordena mantener medidas de seguridad para el tránsito de barcazas de gas en SJ

Capitanes describen maniobra de emergencia por barcaza que NFE ordenó retirar

El gobierno apoyó que NFE redujera medidas de seguridad para tránsito de sus barcazas de gas