La Autoridad de Energía Electrica (AEE) ha manejado deficientemente sus finanzas en los últimos años proyectando artificialmente sus gastos para anteponer intereses políticos lo que ha llevado a llevado a la insolvencia a esta corporación pública, de acuerdo a la evaluación realizada por la Comisión de Energía de Puerto Rico.

La resolución y orden final emitida esta semana por la Comisión de Energía sobre la revisión tarifaria de la AEE le asesta un duro golpe al manejo financiero y la operación fiscal de esa corporación pública en los pasados años al concluir que los topes de gastos presentados por la AEE son artificiales con el propósito de esconder la verdad.

La Comisión ordenó que la AEE no puede incurrir en gastos en exceso de las cantidades aprobadas por la Comisión y que la AEE está obligada a realizar un ejercicio minucioso al elaborar presupuestos departamentales, de forma que éstos se ajusten a las necesidades reales de la agencia.

‘Los gastos de infraestructura de la Autoridad no se han basado en las necesidades reales, sino en unos topes de gastos establecidos a nivel institucional sustentados en preocupaciones políticas con relación a los aumentos tarifarios’, expresa en sus conclusiones el resumen ejecutivo de la orden.

Y es que, según declaraciones de testigos, ‘históricamente, ha habido presión política por no aumentar la tarifa de la Autoridad, como respuesta a las necesidades de costos e inversión, y por lo tanto, la Autoridad ha tenido que sacrificar la inversión de capital necesarios para poder mantenerse solvente y no quedarse sin efectivo’.

La orden cuestiona la continua reducción de presupuesto en áreas vitales como generación, transmisión y distribución desde el año fiscal 2010 agudizándose en el 2014 y 2015. La resolución concluye que entre los efectos perjudiciales de esta práctica está el realizar mantenimiento reactivo en lugar de un mantenimiento preventivo o nueva construcción, provocando que se haya deteriorado su infraestructura.

En otras palabras, intencionalmente la AEE presupuestaba menos de lo que necesario en áreas medulares de operación para bajar los números reales de su presupuesto, aunque se sacrificara su infraestructura.

‘Los años de gastar por debajo de lo presupuestado la han dejado en un estado poco confiable y de deterioro, carente de personal con experiencia, en riesgo de incurrir en multas ambientales y poco preparada para aceptar las cantidades de energía renovable que ordena la Ley 82-2010’, reza la resolución.

Señala, además, graves problemas en los gastos y el desempeño administrativo de la AEE en la que los planes para presupuestar no proveen suficiente información sobre los planes y la finalización de los proyectos individuales.

La resolución acusa a la AEE de no proveer explicaciones básicas, planes de trabajo o documentos que demuestren la debida diligencia de la corporación pública en los proyectos de gran capital.

‘Los oficiales y consultores de la Autoridad describen una burocracia ineficiente con un alto nivel de ausentismo, una plantilla inflada de personal administrativo que no añade ningún valor. Hay una falta de peritaje técnico y un historial de seguridad inaceptable’, según la resolución.

El documento plantea que la corporación pública se encuentra en un estado de emergencia fiscal ya que todas las agencias acreditadoras le han otorgado una calificación de impago o cerca de impago; por lo que no puede tomar dinero prestado para mejorar su infraestructura hasta tanto no mejore su situación económica. La resolución recomienda a la AEE comenzar un plan de estabilización de sus finanzas.

Tarifa Permanente Resumen Ejecutivo – NotiCel_22739