La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno, dijo el jueves ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 'tal como se advirtió el año pasado la reducción de presupuesto aprobada tuvo serias consecuencias sobre planes, proyectos ya encaminados y en compromisos contraídos' de la Rama Judicial.

Algunas de estas consecuencias afectó la expansión de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, de los Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, del Programa Pro Se para litigantes por derecho propio, de las Salas Integradas de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores, y del Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental.

Con relación al presupuesto recomendado para el Año Fiscal 2016-2017, Llompart Zeno explicó que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es igual a la asignación para el año fiscal 2015-2016. Esto incluye una asignación ajustada de $315 millones y una asignación especial de $7.9 millones bajo la custodia de la OGP para un total de $322.9 millones de dólares.

La también Jueza Superior llamó la atención a que tanto para el Año Fiscal 2015-2016 como para el Año Fiscal 2016-2017 no se le asignó al presupuesto de la Rama Judicial correspondiente a la partida del plan de pago establecido por concepto de deuda del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) en virtud de la Ley 96-2013. Esta cantidad es de $3,081,813 millones por año.

'Solicitamos a esta Asamblea Legislativa que se haga una asignación especial con respecto a las partidas correspondientes a los años fiscales 2015-2016 y 2016-2017, por la suma total de $6,163,626'.

De otro lado, Llompart Zenodestacó que a raíz de la Ley de SostenibilidadFiscal, Tribunales ahorró $44.6 millones, pero 'cualquier reducción adicional afectaría las operaciones de los tribunales y podría incidir directamente en la función principal de la Rama Judicial de resolver casos y controversias de forma ágil y eficiente'.

De igual modo, la Administradora consignó su reserva a la aprobación del proyecto de la Cámara 1320, que propone crear el Panel Voluntario de Práctica Legal Criminal Compensada para Personas Indigentes que se nutriría de parte de los ingresos por concepto de los aranceles cancelados en casos civiles que actualmente se asignan a la Rama Judicial.

La Comisión presidida por el representante Rafael 'Tatito' Hernández Montañez, también analizó el presupuesto consolidado correspondiente al Departamento de Justicia para su próximo año fiscal ascendente a $178.1 millones.

Durante el análisis, el secretario de Justicia, César Mirada Rodríguez, explicó que el mismo contiene un aumento de $37.7 millones en comparación al presupuesto corriente corresppondiente a asignaciones especiales para cumplir con el pago de reclamaciones prospectivas en el foro federal, relacionadas con la operación de los Centros 330 de Cuidado Ambulatorio, el cual alcanza los $21.5 millones, que anteriormente se ubicaban en el Departamento de Salud (DS).

Esta decisión, según el Secretario, se tomó debido a que la agencia hace la función de abogado del DS y 'se ha entendido que en esa forma se funciona mejor. La otra partida que se transfiere a la agencia es una ascendente a $8 millones del pago de sentencias que de ordinario se ha tenido en OGP'. Las mismas no son parte del presupuesto de operaciones para la agencia.

'Donde si hemos tenido un aumento genuino es en fondos federales, de unos $21.7 millones que pertenecen al programa 'Victims of Crime Assistance Grant' (VOCA), que los recibimos, pero los pasamos a organizaciones con fines no pecuniarios y ofrecen servicios a la comunidad', explicó el Titular.

Otras partidas de fondos federales son de $985 mil para el programa Crime Victim Compensation Grant y nuevos fondos por $405, 289 en el proyecto TIPS en el año fiscal federal 2015.

No obstante los aumentos en las asignaciones especiales y los fondos federales, Miranda Rodríguez mencionó que el presupuesto operacional refleja una merma de $2 millones, pero se han realizado los ajustes necesarios para que el año fiscal corriente cierre sin déficit y que el próximo cubra las necesidades de la agencia.