A pesar de que el Gobierno mantiene viva su retórica de que antes que el pago de la deuda, garantizará la prestación de servicios básicos al país, parecería que el tercer sector no está contemplado en esa ecuación.

'El presupuesto se está trabajando de forma responsable y comprensiva para permitir que se continúen brindando servicios a la ciudadanía. No es una circunstancia típica. Es una realidad histórica única', ha dicho en los pasados días el gobernador Alejandro García Padilla, a punto de presentar el presupuesto para el próximo año fiscal a la Legislatura.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, adelantó el miércoles pasado que esta semana el Ejecutivo presentaría el presupuesto ante tres posibles escenarios. En caso de que solo se paguen los intereses de las obligaciones generales, a tono con la Ley de Moratoria, se garantizarían los servicios básicos, aportaciones a retiro, a municipios, a la Universidad de Puerto Rico y a los tribunales, lo que significaría la reducción en la partida para el pago del servicio de la deuda.

Sin embargo, en esa muy repetida expresión de 'garantizar los servicios básicos', parece descartar los servicios que presta el tercer sector. Así ha sido a ojos de las casi 140 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que componen el Movimiento Una Sola Voz, el cual denunció en la mañana de hoy, martes, el panorama de incertidumbre que viven, debido a que desconocen qué ocurrirá con las partidas presupuestarias que le corresponden.

'Queremos que el gobierno entienda que nosotros no estamos pidiendo un donativo, se llama inversión social porque es dinero que se necesita para dar servicios. Somos socios del Gobierno en la prestación de servicios. De dónde sale el dinero no sabemos, pero tiene que aparecer', manifestó María Cristy, vicepresidenta de servicio al paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

De acuerdo con los datos provistos por los portavoces del Movimiento,con menos del 1% del presupuesto del fondo general, el tercer sector gestiona su labor anual a partir de la cual se encargan de la creación del 16% de los empleos del país e impactan el 20% de la población – cerca de 700,000 personas – en su mayoría de los sectores sociales más vulnerables.

'Los que constituimos el movimiento de Una Sola Voz prestamos todos servicios esenciales, dando servicios a una comunidad necesitada, en las áreas de salud, deporte, arte, educación… Nosotros esperamos que [el Gobernador] entienda que son esenciales. Estamos brindando servicios que el gobierno no puede brindar, a un costo mucho menor de lo que el Gobierno lo hace', expresó Cristy a NotiCel.

Incluso, de acuerdo a la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Marianne Ramírez, el retorno en inversión en salud es de $7 por cada dólar invertido y en educación aumenta a $20 por cada dólar invertido.

A base de su experiencia en la Sociedad Americana contra el Cáncer, Cristy ha notado que mientras más el país ahonda en su crisis económica más personas llaman a su oficina para solicitar servicios y ayuda financiera.

Con parte del dinero que se le otorga por asignación especial – que ya se ha reducido de una partida de $300 mil a $180 mil – mantienen abierto un albergue para pacientes que viven fuera del área metropolitana para que pueden hospedarse gratuitamente mientras reciben sus tratamientos. El establecimiento, que opera 24 horas al día, tendría que reducir su horarios para poder enfrentar la disminución presupuestaria.

Hasta el momento, en las reuniones que han sostenido con funcionarios públicos, aún no les han podido pintar un escenario claro de lo que les espera, tanto en las asignaciones especiales como en los donativos legislativos.

Cuando el Movimiento nació el año pasado como una iniciativa 'para unir sus reclamos en aras de lograr que las voces de las poblaciones más necesitadas en el país sean escuchadas y atendidas debidamente por la Legislatura y el Ejecutivo', se logró salvar parte del presupuesto, aunque sufrieron sus golpes financieros.

El presupuesto fue reducido en unos $21 millones, que se cargó a una emisión de bonos que debía realizar la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), una autoproclamada empresa privada que parecía negarse a cumplir con el mandato legislativo, a ojos de Cristy.

El director ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré, José Luis Díaz, explicó que debido al retraso en la gestión de la ASC, los fondos se desembolsaron con más de seis meses de atraso, por lo que algunas organizaciones tuvieron que recurrir a despidos, reducciones de salarios y recortes en los servicios.

'Este año no tenemos idea de dónde van a salir los 21 millones, dada la situación económica en que está el País', objetó Cristy.

Los representantes del Movimiento expresaron a través de un comunicado de prensa su solidaridad con la precaria situación económica que atraviesa el País.

'Estamos conscientes de que el momento histórico que vivimos no es fácil, pero también sabemos que si el interés del Gobierno es darle prioridad a los servicios esenciales para la ciudadanía y al uso efectivo de los recursos públicos, la mejor manera de proteger esas inversiones es incluir en el presupuesto las partidas destinadas a subvencionar estos servicios esenciales', opinó Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico.