El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ampliará un credito fiscal para los trabajadores de ingresos bajos con 60,000 millones de dólares durante los próximos diez años, un gasto que compensará eliminando algunos ‘agujeros’ tributarios de los que se benefician empleados con sueldos altos.

Esta medida la recoge su propuesta presupuestaria para 2015 que presenta hoy, martes, y que se enmarca en la prioridad de su segundo mandato, que es la lucha contra la desigualdad económica y social en Estados Unidos, informó hoy la Casa Blanca en un comunicado.

Ahora este crédito fiscal sólo beneficia a los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos, pero Obama plantea en sus cuentas de 2015 que también lo reciban los empleados que están en las mismas condiciones salariales pero no tienen descendencia.

La Casa Blanca estima que la medida beneficiaría a 13.5 millones de estadounidenses y que con su aplicación medio millón de personas dejarían de estar bajo el umbral de la pobreza.

‘Esta ampliación ayudaría e incentivaría a trabajar a los adultos sin hijos, al tiempo que también beneficiaría a los jóvenes trabajadores, que ahora están excluidos’, explicó la Casa Blanca.

Para compensar este gasto, Obama propone eliminar ‘agujeros’ tributarios que permiten a algunos profesionales autónomos y asesores de fondos de inversión no pagar determinados impuestos.

Su propuesta presupuestaria forma parte de la estrategia del segundo mandato de Obama, con una agenda doméstica dirigida a contentar a la base demócrata a través de medidas como la subida del salario mínimo, la ampliación de programas sociales y las ayudas dirigidas a las clase media y trabajadora del país.

Estas propuestas puramente demócratas son especialmente importantes este año electoral, cuando el partido del presidente estadounidense se juega mantener el vital control del Senado y aspira a arrebatar la Cámara de Representantes a los republicanos.

En su propuesta presupuestaria, Obama propondrá subir un uno por ciento el salario de los empleados públicos y militares, y destinar cerca de 56,000 millones de dólares para programas sanitarios y educativos.

Uno de los elementos clave es la decisión ya confirmada del presidente de dar marcha atrás en su propuesta de aplicar una actualización menos ventajosa para los beneficiarios de los subsidios de la Seguridad Social (pensiones) y otros programas sociales, lo que debía contribuir a contener la escalada de este gasto.