No todas las guerras logran primeras planas: están las que se padecen en silencio. En el cautiverio de un cuarto, sujetos al sinsentido de la tortura, sin acceso a alimento, sin garantías de satisfacer aquellas necesidades tan fundamentalmente humanas: los niños y niñas son las víctimas invisibles del crimen en Puerto Rico.

En el país mueren asesinadas 26.5 personas por cada 100,000 habitantes, una de las cifras más altas a nivel mundial, según las Naciones Unidas. La Policía Estatal informa que en 2014 el 56% de los casos esclarecidos son por motivo de drogas. Los alcaldes han admitido recurrir a reuniones con los narcotraficantes para pedir treguas y apelar a la conciencia por los menores que pudieran encontrarse en sitios públicos. En las escuelas, también han recibido avisos en anticipación a los disparos que usualmente acompañan a los entierros. Sin estar consciente de ello, la vida en sociedad ha estado subordinada al crimen en distintas instancias.

Los asesinatos que mes a mes aumentan en cantidad, también aumentan en repercusiones sociales: los niños y niñas sufren en silencio las consecuencias.

'La criminalidad está bien cerca de los niños', reconoció la secretaria del Departamento de Familia, Idalia Colón Rondón, en entrevista con este diario digital. Atribuyó esa proximidad tanto a las comunidades de alta incidencia como a parientes involucrados en el mundo del narcotráfico.

El caso del bebé que sobrevivió una balacera, cuando aún estaba en el vientre de su madre, sostiene tal argumento. Aún sin haber nacido, fue víctima de la guerra por el control de los puntos de droga en el municipio de Caguas. Su nacimiento fue motivo de alegría en medio de una tragedia en la que murió su madre, y que pudiera llevar al arresto de su padre por la posesión de drogas y un arma de fuego en el vehículo.

La pérdida de ambos padres es solo uno de muchos traumas que puede causar la criminalidad. Al menos 6,500 menores han sido víctimas de maltrato o negligencia por parte de las personas que están encargadas de su cuidado, según cifras oficiales. Esa misma cantidad de niños han sido removidos de sus hogares, ubicados con otros recursos o encaminados a programas de vida independiente. El 44% de los casos que se han fundamentado son por negligencia, 31% por maltrato físico, y 14% por maltrato emocional.

La trabajadora social, Yolanda Martínez, resaltó el caso de una niña de cuatro años, que sin ir a la escuela, cuenta con el vocabulario avanzado para describir las armas de fuego y detallar el proceso en el que se prepara la droga. El modelaje en el hogar influye grandemente en el desarrollo mental y social de los menores. 'Las personas que son víctimas de maltrato, cuando tienen a sus hijos, tienden a tener los mismos patrones', comentó la Secretaria al ojear las páginas de una publicación estadounidense.

El perfil del niño o niña víctima, sin embargo, ha ido cambiando. 'Cada vez son más los niños que tenemos que nosotros asumir la custodia porque los familiares inmediatos también han tenido casos de maltrato o casos por uso de sustancias... Vemos mucho embarazo en adolescentes, con parejas con problemas con la Justicia', detalló Colón Rondón.

Gran parte de los referidos que se fundamentan provienen de los residenciales públicos. La Secretaria atribuyó esa estadística a las circunstancias de pobreza, desempleo, embarazo en adolescentes, y alto número de madres solteras en esas comunidades. La información coincide con las expresiones de la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, quien ha asegurado que el perfil de los narcosha cambiado: antes se trataba de personas en las altas esferas, ahora hay al menos un punto en cada residencial.

El maltrato no es solo físico

El maltrato también viene en forma de privación. La negligencia puede implicar desde desatender la alimentación de los niños, hasta la higiene y la educación. Martínez Vélez, de 40 años, contó que fue removida de su hogar a los seis años tras haber permanecido tres días en cautiverio. 'Comíamos tierra, cáscaras de guineo, pan con hongo', recordó serena tras más de tres décadas desde que fue rescatada por un vecino, quien refirió el caso a la agencia.

La mujer, ya casada y madre de dos, encontró durante esa etapa un refuerzo positivo en la poesía y en el afecto de las personas que le rodeaban. Una vez transcurrido el proceso, descubrió su propia capacidad de transformar el sufrimiento en una lección de vida.'Como has sufrido tanto, eso te ayuda a entender el dolor de los demás', aseguró quien trabaja en la Administración de Familias y Niños (ADFAN).

La trabajadora social, Yolanda Martínez, cuando cumplió seis años, dos días después de haber sido removida de su hogar. (Suministrada)

Redes de apoyo

Consciente del alto costo socioeconómico de la violencia, la Secretaria ha dirigido esfuerzos a la prevención. Indicó que las medidas punitivas, de remover al menor y proveerle tratamiento, le cuestan 150 millones de dólares al Estado cada año. En cambio, con poco más de un millón de dólares, se diseñó el proyecto 'Redes de apoyo' dirigido a las comunidades identificadas como de alto riesgo, en barriadas y residenciales, para impartir talleres de crianza con perspectiva de género, orientación prenatal y de planificación familiar, asignación de mentores para los jóvenes, creación de microempresas y actividades para fomentar las artes y el deporte.

Bajar la incidencia de maltrato en las comunidades de alto riesgo requiere un esfuerzo multidisciplinario. Para ello se creó una Junta Transectorial de Prevención que está trabajando en un Plan Nacional que integra a distintas agencias. La visión de la Secretaria es que el Departamento se ocupe más de la calle y menos de la oficina. 'Puedo poner una patrulla frente a un punto de droga, pero ese punto se va a mover, ahora si trabajo con la transformación, voy a tener una comunidad que utiliza las canchas, que acuden a charlas, y donde los jóvenes van a tener una sexualidad responsable', argumentó. El objetivo es promover una convivencia positiva.

'En la medida en que no permito que los niños tengan igual oportunidades, me convierto en un espacio de conflicto... El mayor conflicto que tienen los niños ahora mismo es la pobreza y la desigualdad', comentó.

El proyecto de Redes, iniciado hace un año, está en vías de extenderse a todas las regiones del DF. Colón Rondón aclaró que aún está en su etapa piloto, pero a largo plazo la idea sería extender el programa a todos los residenciales públicos, en donde hay una alta población de menores. La Secretaria fue enfática, sin embargo, en que el Gobierno solo no puede atender esta responsabilidad. 'Si queremos hacer de nuestros niños y jóvenes personas que tengan futuro, tenemos todos que involucrarnos', exhortó.

Ya lo han expresado otras voces desde el ámbito internacional, cuando incluso han exhortado a que se considere a todos los niños y niñas como un Patrimonio de la Humanidad, en cualquier sitio donde nazcan.