El ayuntamiento tuvo que entrar en un segundo plan de pago con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) pone de relieve la crisis fiscal que enfrenta Gurabo, en gran parte durante la incumbencia de la ahora secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

En el documento firmado por el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, se indica que “según los estados financieros auditados, los gastos de Municipio han excedido sus ingresos en cada año fiscal desde el 2016”.

Y continúa: “según los estados financieros más recientes, el Municipio reporta un balance negativo en el fondo general… el Municipio en ocasiones ha recurrido a una recurrente línea de crédito para financiar gastos operacionales. Aunque se ha hecho progreso en reducir ciertos pasivos, el Municipio continúa enfrentando múltiples obligaciones a corto y largo plazo que colocan presión sobre sus finanzas”.

Rivera Santana se convirtió en alcaldesa en el 2017 y abandonó la alcaldía en el 2025 tras dar una paliza en las elecciones generales para asumir su nueva posición en el gobierno de Jenniffer González. La alcaldesa actual es Vimarie Peña Dávila, quien abandonó su cargo en la Legislatura para tomar las riendas del Municipio.

Los comentarios de Mujica aparecen en una autorización de la Junta para que el Municipio de Gurabo entre en un segundo acuerdo de pago por deuda morosa con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La deuda asciende a $285,336 y el ayuntamiento, tras realizar un primer pago de $57,336, saldará el resto en 12 pagos mensuales de $19,000 que saldrán de una retención a las remesas que reciben del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

“El Municipio ha entrado repetidamente en acuerdos de pago para atender balances adeudados con la AAA. Al presente, el CRIM le retiene $20,000 por mes al Municipio para atender obligaciones con la AAA. El plan propuesto añadirá $19,000 al mes, lo que resulta en retenciones mensuales por $39,000. Este patrón refleja el aplazamiento continuo en el pago del servicio de agua potable y servicios sanitarios en vez de atender una resolución duradera a los retos fiscales del Municipios”, indicó Mujica.