Los alcaldes señalados son Miguel «Micky» López Rivera, de Las Piedras y Edwin Soto Santiago, de Las Marías.

La Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier dio a conocer los resultados de un informe de auditoría correspondiente al Municipio de Las Piedras que cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El informe identifica múltiples deficiencias durante la incumbencia del todavía alcalde Miguel «Micky» López Rivera en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza municipal, lo que dio lugar a una opinión cualificada.

La Contralora expresó que, “aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley en términos generales, los hallazgos identificados evidencian desviaciones significativas que requieren atención inmediata para garantizar el uso eficiente, transparente y legal de los recursos públicos. Señaló además que la fiscalización no solo busca identificar incumplimientos, sino promover mejoras estructurales en la administración pública municipal”.

Vega Fournier, detalló que, entre los principales hallazgos, “se identificó que el Municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca, lo que restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado. La auditoría determinó que se incluyeron especificaciones que favorecían una marca en particular, contrario a la normativa estatal y federal aplicable. La gerencia municipal indicó que esta decisión respondió a la uniformidad de la flota y a la experiencia previa con dichos suplidores, así como a las condiciones de emergencia durante la pandemia del COVID-19. No obstante, la Oficina de la Contralora concluyó que el hallazgo prevalece, ya que dichas circunstancias no justifican la limitación de la competencia abierta”.

“Asimismo, según el informe, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque los trabajos fueron completados y aceptados, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones. La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista; sin embargo, la Contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece”.

En el área de gobernanza, la auditoría reveló tardanzas significativas en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal. En algunos casos, estos nombramientos se remitieron hasta 969 días después del inicio del nuevo cuatrienio, a pesar de que la Junta continuó tomando decisiones durante ese periodo. La gerencia municipal sostuvo que los miembros podían continuar en funciones conforme al Código Municipal; no obstante, la Contralora determinó que el incumplimiento en el proceso de confirmación podría poner en cuestionamiento la validez de las decisiones tomadas.

En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de esas obligaciones. Esta situación debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La gerencia atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia, por lo que el hallazgo prevalece.

Además, se señaló que el Municipio realizó un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra. Esta práctica dejó desprovisto al Municipio de garantías legales adecuadas y dificultó la verificación de la corrección del desembolso. Aunque la administración argumentó que la orden de compra era suficiente en el contexto de emergencia, la Contralora enfatizó que dicho mecanismo no sustituye la obligación legal de formalizar contratos.

De igual forma, se determinó que el Municipio otorgó contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación, limitando la función fiscalizadora de dicho cuerpo. La gerencia sostuvo que se trataba de servicios profesionales; sin embargo, la Oficina de la Contralora concluyó que la naturaleza del contrato requería aprobación legislativa, por lo que el hallazgo prevalece.

El informe también incluye otros señalamientos relacionados con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.

La Contralora indicó que, aunque la administración municipal presentó argumentos y medidas correctivas en varios de los hallazgos, en todos los casos se determinó que las deficiencias señaladas persisten o no fueron debidamente subsanadas con evidencia suficiente.

Como resultado de estos hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió recomendaciones dirigidas al alcalde, a la administración municipal, a la Legislatura Municipal y a otras entidades pertinentes. Entre estas se incluyen el fortalecer los procesos de compras para garantizar la libre competencia, asegurar el cumplimiento con los requisitos de permisos antes de iniciar proyectos de construcción, cumplir con los procesos de confirmación de la Junta de Subastas, establecer controles efectivos en la obligación de fondos, formalizar adecuadamente todos los contratos, remitir a la Legislatura aquellos contratos que así lo requieran, y reforzar los mecanismos de control interno en todas las áreas operacionales.

Las Marías

En el caso de Lass Marías, la auditoría cubrió el periodo del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025 durante el mandato de Edwin Soto Santiago. Se identifican deficiencias relevantes en los controles internos, el manejo de la propiedad municipal y la administración financiera.

La Contralora expresó que “la función fiscalizadora del Estado requiere no solo cumplimiento técnico, sino una cultura administrativa sólida que garantice la protección de los recursos públicos, y señaló que el informe evidencia áreas críticas que deben ser atendidas con urgencia para fortalecer la rendición de cuentas”.

Vega Fournier, explicó que “La auditoría emitió una opinión cualificada, lo que significa que, aunque las operaciones del Municipio se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable en términos generales, se identificaron desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”.

En cuanto al manejo de la propiedad municipal, el informe revela deficiencias sustanciales en los controles internos. Entre estas, se identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados. Asimismo, se detectaron deficiencias en el registro de activos en el sistema SIMA, incluyendo unidades no registradas, datos incompletos y discrepancias en la información, lo que debilita significativamente la capacidad del Municipio para salvaguardar sus bienes y propicia riesgos de pérdida, uso indebido y falta de transparencia.

De igual forma, se determinó que el Municipio no notificó a la Oficina del Contralor 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni realizó investigaciones administrativas sobre dichos incidentes. Esta omisión limita la capacidad de establecer responsabilidades y afecta negativamente la cultura de control interno y la confianza pública en la gestión gubernamental.

En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas. Estas deficiencias afectan la confiabilidad de los estados financieros y la toma de decisiones administrativas informadas.

En relación con la confiabilidad de la información, el informe concluye que el módulo de Activos Fijos del sistema SIMA no contiene datos confiables, debido a la existencia de miles de campos incompletos, registros duplicados, inclusión de activos que no cualifican como propiedad municipal y discrepancias en las secuencias de registro. Estas deficiencias comprometen la integridad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para administrar adecuadamente sus recursos.

En el área financiera, la auditoría reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos periodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.

El Municipio de Las Marías indicó, mediante sus comentarios oficiales, que ha iniciado acciones correctivas, incluyendo la realización de inventarios físicos en un término de 90 días, la identificación y registro de propiedades, la emisión de recibos de propiedad en uso, la implementación de informes mensuales sobre pérdidas, el registro de activos en el sistema SIMA y el inicio de procesos para completar expedientes de propiedades inmuebles. También informó que algunas cuentas bancarias han sido conciliadas y que se encuentra en proceso de cancelar cheques pendientes y corregir registros contables.

No obstante, la Oficina de la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen, ya que no se presentó evidencia suficiente que sustente la corrección total de las deficiencias señaladas y persisten inconsistencias en los registros, así como incumplimientos en los controles administrativos requeridos.

El informe atribuye estas deficiencias principalmente a la falta de supervisión por parte de los directores de Finanzas y Presupuesto, al incumplimiento de procedimientos establecidos, a deficiencias en la comunicación interna sobre la adquisición y transferencia de activos, y a la ausencia de controles administrativos efectivos.

Como resultado de los hallazgos, la Oficina de la Contralora emitió múltiples recomendaciones dirigidas al alcalde, a la gerencia municipal y su Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Entre las recomendaciones, se incluyen la realización de inventarios físicos anuales, la localización o investigación de bienes no encontrados, la emisión de recibos de propiedad en uso, el fortalecimiento del registro de activos en el sistema SIMA, la notificación oportuna de pérdidas o irregularidades, la realización de investigaciones administrativas, la preparación mensual de conciliaciones bancarias, la corrección de discrepancias contables, la cancelación de cheques pendientes, el reembolso de fondos utilizados incorrectamente y el mantenimiento de expedientes completos de propiedad inmueble”.